Vox exige imponer el castellano en la administración balear y reta al PP

Vox ha generado un cisma en el seno del Gobierno balear, formado junto al PP, al registrar una proposición de ley para crear una Oficina para la Libertad Lingüística, un organismo diseñado para obligar a las administraciones a usar el castellano en vez del catalán. La propuesta, que ayer recibió el rechazo frontal de los populares, también prevé multas de hasta 100.000 euros si las oficinas del Ejecutivo balear no anteponen el uso del castellano.

La creación de este organismo está previsto en el pacto de gobierno entre PP y Vox, que abrió la puerta a la presidencia a la popular Marga Prohens gracias a los votos de la ultraderecha. Con todo, el portavoz del PP en Baleares, Sebastià Sagreras, denunció ayer que “incomprensiblemente” Vox ha presentado su propuesta “sin haber pactado el texto” y sin avisarles.Aseguró que el texto “no nos gusta nada” y amenazó a los de Santiago Abascal con “presentar una multitud de enmiendas” si no retiran su proposición de ley. Sagreras subrayó que los populares “han estado siempre y seguirán estando con el Estatut d’Autonomia y con la defensa y la normalidad de convivencia del catalán y el castellano”.

Los partidos de la oposición y entidades culturales y en defensa del catalán también censuraron ayer la política de la ultraderecha. El portavoz de los socialistas en el Parlamento balear, Iago Negueruela, afirmó que no permitirán “este apartheid lingüístico”. Con todo, Vox ya ha afirmado que no retirará el texto, y asegura que su objetivo es “defender la libertad de uso y opción lingüística”, obviando el régimen sancionador y de imposición que plantean en él. Con todo, esta no es la única polémica por el catalán en Baleares.

En agosto, el Gobierno de PP y Vox aprobó un decreto por el que eliminaron la lengua como requisito en la salud pública. La consellera de Salud balear, Manuela García, justificó que esta medida “es un clamor de los sindicatos”, y el equipo de Prohens se defendió de las críticas asegurando que quiere eliminar “cualquier elemento” que pueda frenar la llegada de profesionales a las islas. “Probablemente no es el principal elemento disuasivo”, admitió el Ejecutivo autonómico.