ERC y Junts rechazan investir a quien no acepte "trabajar para hacer efectivas las condiciones" de un referéndum

ERC y Junts per Catalunya han encontrado un consenso sobre la autodeterminación a última hora. Después de haber pedido una prórroga de media hora a la Mesa del Parlament para acabar de negociar, los dos grupos han pactado y registrado una transacción que reclama a los partidos catalanes a Madrid no dar apoyo a una investidura de un gobierno español "que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum". Por otra parte, los dos partidos y la CUP también han acordado otra propuesta de resolución donde se defiende la ley de amnistía, que se pide para los represaliados "por motivos políticos". Los dos textos serán aprobados por la cámara este viernes, en el marco del debate de política general.

La resolución sobre la autodeterminación pactada entre ERC y Junts "manifiesta que la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado español pasa por la vía política y democrática". Es por eso que sostienen que "el mandato que salió del referéndum del Primero de Octubre de 2017 podrá ser sustituido por un nuevo referéndum acordado con el estado". En este sentido, se insta el Govern"a hacer todas las acciones oportunas para hacerlo realidad" y también consensúan "no dar apoyo a una investidura" de ningún presidente español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum".

Con respecto a la amnistía, que también ha sumado a la CUP a la transacción, el texto defiende la "necesidad" de una ley de amnistía que incluya "a todas las personas represaliadas por motivos políticos en esta causa y en defensa de derechos y libertades en el contexto de conflicto social y político con el estado español". Fuentes de ERC y la CUP sostienen que eso deja fuera de otros casos como el de Laura Borràs. La resolución transaccionada insta al Govern y a las instituciones catalanas a "sumarse al esfuerzo colectivo por la aprobación de esta ley y a hacer un seguimiento proactivo de su aplicación de forma inmediata". Sitúan el punto de partida en la proposición que ya registraron los partidos independentistas en el Congreso, que fue inadmitida a trámite por la Mesa en 2021.