Esta es la propuesta de ley de amnistía de Sumar

La propuesta de ley de amnistía de Sumar incluye a los agentes de policía que hubieran cometido delitos de lesiones por "uso desproporcionado de la fuerza" en el marco del proceso. Pero deja fuera de aquellas actuaciones "susceptibles de ser calificadas delitos de torturas y contra la integridad moral o detenciones ilegales de autoridad o funcionario público". Así consta en el dictamen que la formación de Yolanda Díaz ha encargado a un equipo de expertos en derecho penal y que Jaume Asens ha presentado este martes por la tarde al Ateneo Barcelonés. El documento recuerda los tratados internacionales ratificados por España y por eso sostiene que "estamos ante un delito imprescriptible que no es amnistiable". Ha sido enviado tanto a ERC como a Junts.

El informe elaborado por catedráticos y profesores de derecho penal recuerda que las actuaciones policiales entre el 1 y el 4 de octubre del 2017 “ocasionaron unas 1.000 víctimas de diversa gravedad” y destaca que hay 47 procedimientos penales abiertos. Entre estos, los cinco policías imputados por la pérdida de Roger Español. Por otra parte, también señalan que las protestas contra la sentencia del proceso dejaron 438 lesionados y las manifestaciones contra la aplicación del 155, 117 heridos, uno de los cuales perdió un testículo.

Está en este contexto que la propuesta de Sumar sostiene que “cualquier ley de amnistía tiene que atender una serie de limitaciones materiales”, establecidas por el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y la Declaración contra la tortura de la Asamblea General de la ONU. Son tratados ratificados por España que estipulan la “prohibición absoluta” de estas actuaciones.

En cambio, según el dictamen jurídico, sí que serían “amnistiadas” las actuaciones de la policía “encaminadas a impedir la celebración” del referéndum del 1-O u “el desarrollo de actos en defensa” de esta consulta o contra “decisiones gubernamentales o judiciales”. Se trataría de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales y los delitos de lesiones “cuando hayan sido causados por un uso desproporcionado de la fuerza”.

Detenciones ilegales

La propuesta de amnistía de Sumar también deja fuera del ámbito de aplicación de amnistía las detenciones ilegales, que describe como “los supuestos de detención en que el funcionario conoce desde el inicio de la actuación que no hay base legal” para justificar la privación de libertad. “Son los supuestos, entre otros, en que el funcionario público realiza la detención alegando desobediencia, resistencia o atentado del ciudadano y es consciente de la ausencia de indicios objetivos de criminalidad”, señala el documento.

En cambio, el documento sí que considera susceptible de amnistía la “detención ajustada a derecho que, posteriormente, se vuelve ilícita”. Es decir, en aquellos casos en que hay una causa legal que posibilitado la detención pero no se respeta alguno de los derechos constitucionales o procesales del detenido”.

“Acciones reivindicativas del derecho a la autodeterminación”

Más allá de los cuerpos policiales, la propuesta presentada plantea que se tienen que amnistiar “todas aquellas acciones y omisiones ejecutadas por ciudadanos reivindicativas de la autodeterminación de Cataluña”. Incluye todas aquellas susceptibles de ser calificadas de delitos contra la administración pública, contra la administración de justicia, contra la constitución y contra el orden público.

De la misma manera, también da cobertura a los delitos de lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de morada de personas jurídicas, daños, falsedades documentales y usurpación de funciones públicas”.

El dictamen presentado para Sumar subraya que buena parte de los procesados lo están por las protestas contra la sentencia del proceso. En este sentido, indica cómo más 700 personas fueron imputadas por manifestaciones entre el 14 de octubre y el 18 de diciembre del 2018; que hay más de 250 causas por cortes de carretera; que 50 cargos de la Generalitat “continúan sometidos todavía” a procedimientos penales para el 1-O o que más de 700 alcaldes fueron investigados para dar apoyo.

Aparte, añade el texto, hay otras causas todavía abiertas, como varios procedimientos contra los CDR por desórdenes públicos, la Operación Volhov, la causa del juzgado 18 contra 10 dirigentes políticos por la acción exterior o la investigación del Tribunal de Cuentas a 54 personas por su participación en el referéndum.

Ámbito temporal

Con respecto al ámbito de aplicación temporal de la ley de amnistía, la propuesta de Sumar considera el 1 de enero del 2013 porque empieza “el proceso reivindicativo del derecho a decidir en Cataluña” y como fecha final el 17 de agosto del 2023, porque es cuando se constituye el nuevo Congreso de los Diputados que tiene que decidir sobre esta norma “tan excepcional”.

El dictamen ha sido elaborado por un equipo de especialistas en derecho penal, formado por los catedráticos Nicolás García (Universidad de Castilla la Mancha), Guillermo Portilla (Universidad de Jaén) y Rafael Rebollo (UAB), y por los profesores Antoni Llabrés (Universidad de las Islas Baleares y Javier Mira (Universidad de Valencia).

Los juristas han tenido en cuenta propuestas previas, como la registrada por Òmnium Cultural, ERC, Junts y la CUP en el Congreso de los Diputados en el 2022.