Fernández Díaz y la excúpula de Interior, a juicio por la trama Kitchen

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula de su departamento serán juzgados por la denominada ‘Operación Kitchen’, el operativo policial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación del caso Gürtel. Así lo decidió ayer el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que dictó la apertura de juicio oral contra once acusados, entre ellos el exnúmero dos de Interior Francisco Martínez; el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, y el excomisario José Manuel Villarejo.

A los dos primeros y al exministro les impone una fianza por responsabilidad civil de 120.000 euros, según el auto, en el que el juez ha rechazado la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la establece, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultasen condenados.Entre los delitos planteados por las acusaciones –ejercida por la Fiscalía, la Abogacía del Estado, PSOE, Podemos y la familia de Bárcenas– figuran descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias o malversación, entre otros. En el caso del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita.La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Fernández Díaz y Francisco Martínez por esta supuesta operación parapolicial, presuntamente orquestada desde Interior en 2013 para seguir a Bárcenas y a su familia y conseguir documentos del caso Gürtel que pudiesen comprometer al partido o a sus dirigentes, y para la que se habrían destinado fondos reservados. Esta investigación se dirigió también durante unos meses contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, si bien el juez acabó sacándoles del caso, en contra del criterio de la Fiscalía, al descartar que hubiera una trama política más allá del ministerio.Entre los acusados sí que figura quien fuese asesor de la exdirigente popular en el Gobierno de Castilla-La Mancha, el comisario Andrés Gómez Gordo, así otros ex altos cargos policiales como José Luis Olivera o Marcelino Martín Blas, y el chófer Sergio Ríos, entre otros. Este último, según Fiscalía, recibió unos 54.000 euros con cargo a los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía a cambio de informar “de forma exhaustiva e individualizada” a los acusados de los movimientos de la familia de Bárcenas.