División en el seno del poder Judicial, que deberá posicionarse

La petición de ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de celebrar un pleno extraordinario para abordar la amnistía, ha causado “conmoción” en el resto de los vocales, que lo ven “una incitación a la sublevación y a un golpe de Estado de los jueces” tratando de “intervenir abiertamente en la política”. Fuentes jurídicas alertan que se trata de “un paso sin precedentes” que “atenta contra la separación de poderes” , al buscar condicionar la actividad constitucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Todo ello después de los vocales del ala conservadora del hayan propuesto emitir una declaración institucional contra la amnistía, al asegurar que la entrada de esta iniciativa supondría “la degradación, si no abolición, del estado de derecho en España”. El presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, ha accedido a la petición de los ocho vocales y ha convocado el lunes un pleno extraordinario para debatir la posición del CGPJ sobre la amnistía. Para que la declaración institucional contra la amnistía salga adelante se necesitará los votos de al menos nueve vocales. Por su parte, la asociación de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) señaló que una posible declaración del CGPJ sobre la inconstitucionalidad de la ley que exigen ERC y Junts sería “un abuso de las atribuciones” del órgano de gobierno de los jueves y “una desviación de la legítima función de ese órgano”. El coordinador de JJpD en Catalunya, Carlos Pascual, afirmó que “es poco riguroso y adecuado, para una alta institución del Estado, posicionarse sobre un proyecto que está en el aire y que aún no existe”.También la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, mostró su “asombro” por la petición de los vocales conservadores, y les acusó de no ser “los más adecuados para dar lecciones de constitucionalidad” habida cuenta que sus mandatos están caducados y su situación es “claramente inconstitucional”.En cambio, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, manifestó su “más firme rechazo” a una ley de amnistía para los encausados por el procés, y aseguró que “sería el principio del fin de nuestra democracia”. Subrayó que esta iniciativa cuestiona la labor de los jueces y pretende “romper” las reglas de la Constitución. También advierte de que exime de responsabilidad penal “a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones”.