El juez imputa a Puigdemont y Marta Rovira por los disturbios organizados por Tsunami Democràtic

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado dirigir la investigación por las actuaciones de la plataforma Tsunami Democratic contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC Marta Rovira y otras diez personas. En un auto de 34 páginas, el magistrado ofrece a Puigdemont, al tratarse de un diputado del Parlamento Europeo, y antes de cursar el suplicatorio correspondiente, la posibilidad de comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional. Le ofrece lo mismo al secretario cuarto de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, de ERC. Los hechos podrían calificarse de forma indiciaria, indica el juez, como de terrorismo.

La resolución acuerda citar como investigados a Marta Rovira, a Josep Lluís Alay, a Oriol Soler, a Xavier Vendrell, a Marta Molina, a Josep Campmajó, a Jesús Rodríguez, a Jaume Cabani, a Oleguer Serra ya Nicola Flavio Giulio Foglia. Además acuerda citar como testigos al entonces portavoz de ERC, Marta Vilalta, y al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, a fin de esclarecer lo ocurrido en la reunión en Ginebra, y la participación que tuvieron los diferentes líderes que asistieron y concretaron exactamente a qué se referían a los que puede hacerse en Suiza, para que pueda declarar sobre el conocimiento que pudiera tener sobre la planificación y aparición de Tsunami, y su aportación a ésta.

La resolución señala que resulta necesaria la citación de Carles Puigdemont para ser escuchado sobre los hechos objeto de investigación “Su citación, en este momento no podría hacerse en ninguna otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado y ofreciendo -le la oportunidad de defenderse, dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio”. Se trata, argumenta el juez, de una de las personas de las que está acreditado indiciariamente, a la vista del análisis de la agenda de Josep Lluís Alay, que acudió a las reuniones que se celebraron en Ginebra los días 29 a 31 de agosto de 2019, y dónde se pudo planificar la actuación del Tsunami. Su nombre, añade, aparece en un mensaje que figura en el dispositivo analizado de Josep Lluis Alay enviado por Jesús Rodríguez: "El lunes 26 de agosto se darán a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democrático como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo . Supongo que desde Òmnium informarán directamente al presidente Puigdemont. Te lo adelanto para que tenga constancia". Igualmente, continúa el auto, parece haber asistido a la reunión en Ginebra a la que aludía Marta Vilalta.

Por otra parte, indica, en otra comunicación que mantiene con Alay habla del “grupo de coordinación” de la campaña Tsunami Democratic, y las decisiones y dudas que surgen en las que son consultadas al expresidente Puigdemont a través del propio Alay . Por último, el rol de liderazgo de Puigdemont en Tsunami parece también inferirse de la conversación mantenida con Josep Campmajó, con quien discute sobre la actitud que están teniendo los dirigentes políticos catalanes en relación a la publicación de la sentencia del 'proceso' y en la que le dice: “Ayer estuve de nuevo en primera línea. Tanto en Barcelona como en Gerona. Mi gente, bien distribuida”. También le dijo: “O tú y Tsunami tome el control o tendremos que empezar a gestionar el precio de las bajas”. A eso Puigdemont responde: "Intentamos que el Govern se ponga las pilas". Campmajó respondió: “Presidente… Los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Gobierno está acojonado…”. Puigdemont replicó: “Cierto. Y esto no es bueno”.

"Vocación de permanencia"

Según el magistrado, las investigaciones practicadas permiten inferir indiciariamente que Tsunami Democrático fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con diversos roles que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencialmente era “subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”. Los informes de la Guardia Civil apuntan que el Tsunami fue fruto de una “planificación efectuada por diferentes personas para la ejecución de acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar a una masa de personas de forma que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España”.

Las actuaciones llevadas a cabo por Tsunami Democrático en 2019 fueron el bloqueo de infraestructuras críticas del Estado y europeas como el del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el intento de bloqueo de la torre de control ENAIRE de Barcelona en Gavà o el intento de bloqueo del aeropuerto de Madrid-Barajas, la huelga general del 18 de octubre de 2019, el intento de afectación del proceso de elecciones generales de noviembre o las acciones cometidas a propósito del partido de fútbol entre el FC Barcelona y el Real Madrid en diciembre.

Provisionalmente, terrorismo

Los hechos descritos pueden ser constitutivos de diversas infracciones, y entiende el magistrado que, desde la provisionalidad inicial de ese momento, pueden tener la consideración de actos de terrorismo. García-Castellón asegura que los hechos pueden ser calificados como terrorismo porque se pueden constatar las finalidades que el Código Penal atribuye al terrorismo: subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o las estructuras económicas o sociales de el Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto oa abstenerse de hacerlo. El Código Penal también contempla como finalidad terrorista la alteración grave de la paz pública, o provocar un estado de terror en la población o parte de ésta.

En este sentido, también ve posible calificar los hechos como delito de desórdenes públicos terroristas. Además, es necesario que los hechos se cometan por una organización o grupo terrorista o individualmente, pero “amparados” en ellos, pudiendo entender, a estos efectos, que Tsunami Democrático tendría tal consideración. En este sentido, señala el juez, existen elementos suficientes para considerar que los hechos también podrían encajar en el delito de terrorismo en concurso con delito de desórdenes públicos.

“El análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami Democrático pudiera tener la consideración de “grupo terrorista”, debiendo aclarar si se llegó a materializar su actuación con alguno de los delitos contra la vida o la integridad física , la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el Código Penal, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, explica el auto.

El magistrado también ordena a la Guardia Civil que identifique a los supuestos perjudicados por las diversas acciones del Tsunami con el fin de ofrecerles la posibilidad de personarse en la causa, y en concreto a los familiares de una persona muerta el 14 de octubre de 2019 supuestamente por el bloqueo del aeropuerto. También pide que se identifique al policía nacional gravemente herido en la manifestación de la plaza Urquinaona el 18 de octubre por si la movilización puede vincularse al Tsunami. Por último, quiere que la Guardia Civil investigue si se utilizaron armas u otros instrumentos por parte de los movilizados en las acciones del Tsunami.

Informe de la Guardia Civil

La decisión de García-Castellón llega pocos días después de recibir un informe de la Guardia Civil que situaba a Rovira como una de las coordinadoras del Tsunami. El informe concluye que Rovira, que tendría como sobrenombre 'Matagalls', hizo tareas de coordinación del movimiento en la búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político, haciendo de enlace entre el Tsunami y la dirección y ocupándose también de reclutar a gente. También pone de relieve que Rovira tenía un "conocimiento previo" de al menos ciertas acciones de la plataforma. La Audiencia Nacional investiga al Tsunami por acciones como el bloqueo del aeropuerto de El Prat o el corte de la AP-7 en la frontera.

En el caso concreto de Rovira, la policía destaca su rapidez al publicitar el Tsunami Democrático minutos después de su lanzamiento en redes. Según la policía, Rovira tenía conocimiento "previo" de ciertas acciones de esta plataforma. Tal y como apunta el informe, Rovira también ejerció cierta labor en la "defiende el proyecto de Tsunami" ante las facciones que se mostraban en contra.

El empresario Oriol Soler es el primer investigado descrito en el informe. Sobre él se indica que utilizaba el apodo 'Rigoberta' y que tenía un "lugar relevante" a varios de los grupos que conformaban la estructura organizativa de Tsunami Democrático, de hecho se le sitúa como el encargado de la relación de la plataforma con los medios de comunicación y la proyección mediática de la organización.

"Incluso redacta y elabora los comunicados y publicaciones de los perfiles oficiales de las redes sociales de Tsunami. En todos estos cometidos, Oriol Soler tiene capacidad de decidir, denotándose un carácter directivo en esta materia", agrega la diligencia policial. Por otra parte se le vincula a decisiones "de índole económica".

Según el informe, Wagensberg utilizaba "con mucha probabilidad" el seudónimo 'Konan' y "destaca por su implicación y preocupación por el éxito de las acciones del Tsunami y ocupaba una "significativa responsabilidad" en la "comunicación corporativa" de la plataforma.

La Guardia Civil sostiene que estaba especialmente vinculado a la comunicación del Tsunami en coordinación con Oriol Soler, "con quien decide aspectos como el contenido de los comunicados, su forma y el momento de su publicación". Su función, según el documento, era "maximizar el alcance mediático" de las acciones.

El empresario Xavier Vendrell, apodado 'Indigo', aparece vinculado a la estrategia de Tsunami Democrático. "Sabía con carácter previo las acciones que se iban a realizar, teniendo acceso a información privilegiada y participando en la organización de las acciones", apunta el informe. Al igual que a Soler y Rovira, se le relaciona con funciones de organización para conseguir apoyos y "esquivar" las voces discrepantes con la iniciativa. También se le relaciona con la creación del "plan estratégico" del movimiento en acciones como el intento de ocupar el aeropuerto de Madrid Barajas.

Más allá de Rovira, Soler, Vendrell o Wagensberg, el informe incorpora a media decena más de nombres como los de Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabaní u Oleguer Serra.

Movimiento no espontáneo

Según la Guardia Civil, Tsunami Democrático fue "el resultado de una estrategia minuciosamente planificada" para protestar contra la sentencia del Supremo y funcionar como "elemento desestabilizador y de presión política" a través de una movilización social a gran escala. Fruto de estas acciones, sigue el informe, se produjo una "alteración grave del orden" donde "hubo momentos en los que se puso en riesgo la integridad física de los usuarios de la vía pública" así como "la libertad y el patrimonio de muchos ciudadanos de Catalunya".

Según el documento, aunque el Tsunami se presentaba como un movimiento autónomo surgido de forma espontánea, en realidad era una iniciativa de personas que actuaban en "connivencia" con "los principales sectores y determinadas entidades civiles independentistas".

El documento cifra los supuestos perjuicios económicos que atribuye a acciones como la del 14 de octubre del 2019 y el 19 de diciembre de ese año en el Aeropuerto de Barcelona y en el Camp Nou y asegura que sus acciones pretendían "generar una situación de crisis generalizada en el Estado que se prolongara en el tiempo".

Un "gran jefe"

Según la Guardia Civil, Tsunami estaba dirigido por una "estructura asociativa" perfectamente organizada y jerárquica, con una división de tareas y un reparto de actuaciones que se vehiculaba a través de una aplicación que posibilitaba "la impunidad de sus responsables".

El documento apunta a que había un "gran jefe" y un "grupo de coordinación", y en sus comunicaciones habían hecho hablado de la necesidad de que alguno de sus actores hiciese de intermediario con el "Presidente", según la Guardia Civil, el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Además, el informe habla de la "caja de resistencia" del Tsunami y de la inversión de ese dinero en abogados que debían encargarse de la defensa legal de los participantes que fueran detenidos o identificados. Apunta, entre otros, al abogado Benet Salellas. También asegura que Tsunami disponía de un equipo internacional de informáticos, programadores y hackers que desarrollaron su aplicación. Admite que muchas de las personas que participaron en este apartado no han podido ser identificadas