El ala conservadora impone al CGPJ una declaración contra la amnistía

El ala conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprovechó ayer su mayoría en el pleno para imponer una declaración institucional contra la amnistía pactada por ERC y PSOE y que ahora los socialistas negocian con Junts para investir a Pedro Sánchez, cuando ni siquiera se ha presentado un proyecto de ley. Lo hizo a pesar del rechazo de los vocales progresistas a la iniciativa, e incluso uno de ellos se rebeló y no acudió al pleno, que tildó de “manifestamente ilegal” por ir en contra, sostuvo, del “ordenamiento jurídico y las funciones constitucionales” del CGPJ. La declaración salió adelante con nueve votos, a pesar de que habían sido ocho los vocales que habían forzado la celebración del pleno. Los cinco magistrados del ala progresista presentes votaron en contra, mientras que el presidente interino del órgano, Vicente Guilarte, votó en blanco. Este redactará una explicación de voto en el que evidenciará que no está de acuerdo con la iniciativa, pero ve conveniente esperar a que haya una proposición de ley para que el CGPJ se pronuncie oficialmente.

El texto aprobado por el pleno afirma que, de aprobarse la amnistía al procés, supondría la “degradación, cuando no abolición” del Estado de Derecho. Expresa “su intensa preocupación y desolación” y sostiene que, si esta iniciativa sale adelante, “pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España”. La declaración, que fue aprobada sin que las Cortes se hayan dirigido al CGPJ para recabar su opinión, también critica que “no es compatible” con el estado de derecho que “los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales”, para que un candidato pueda “impedir el gobierno de otras fuerzas políticas”. El vocal del ala progresista Álvaro Cuesta, que había reclamado sin éxito que la votación no se celebrara, no acudió al cónclave al considerar que era “manifiestamente ilegal” porque su finalidad es contraria “al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales” del CGPJ, que lleva casi cinco años con el mandato caducado. La iniciativa de los vocales conservadores del CGPJ también ha provocado las críticas de asociaciones de jueces progresistas y del Gobierno español.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, convocó ayer concentraciones el próximo domingo en todas las capitales de provincia en contra de la amnistía que el PSOE ha pactado con ERC y negocia con Junts para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Recalcó que no les van a “callar” ni “amedrentar” y sostuvo que se está perpetrando “el mayor ataque al Estado de Derecho, a la igualdad de los españoles y a las instituciones”. “Somos el refugio constitucionalista de España ante aquellos que han renunciado a la dignidad y pretenden arrebatárnosla a todos”, dijo Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del PP.

Entretanto, las protestas contra la amnistía y los pactos del PSOE con los partidos independentistas se volvieron a extender ayer ante las sedes del partido en varias ciudades. Unas 3.800 personas, según la delegación del Gobierno de Madrid, se concentraron por tercera vez a las puertas de Ferraz. Entre los manifestantes estaba el líder de Vox, Santiago Abascal, y algunos asistentes portaron banderas españolas, algunas preconstitucionales. La Policía lanzó gases lacrimógenos y pelotas de goma para dispersar la protesta y detuvo a dos personas. También unos 350 manifestantes se concentraron ante la sede del PSC en Barcelona.De su lado, el PSOE reclamó a PP y Vox que condenen los ataques que, afirman, están sufriendo las sedes del partido.En otro orden de cosas, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre negó haber animado a cortar el tráfico en la protesta del sábado ante Ferraz, y alegó que participó para “pedir cuentas” a Sánchez por la amnistía.