El juez imputa a Puigdemont y Rovira por terrorismo y tensa el camino a la investidura

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó ayer al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a diez personas más en la causa por el Tsunami Democràtic abierta por terrorismo, todo ello en medio de las horas de máxima tensión por la negociación entre Junts y el PSOE sobre la amnistía. García Castellón también instruyó la causa de los CDR y la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que recurrirá las imputaciones del líder de Junts y la dirigente de Esquerra. El magistrado ha ofrecido a Puigdemont la posibilidad de comparecer voluntariamente ante la sala “mientras no se libre el correspondiente suplicatorio” por su condición de eurodiputado. En la interlocutoria se cita como investigado al expresident “para que tenga la oportunidad de defenderse”. Hace el mismo ofrecimiento al diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg.

La Guardia Civil no había atribuido ningún papel concreto en la organización de Tsunami Democràtic a Puigdemont. Pero el juez señala que del análisis de la agenda del jefe de la oficina del expresident, Josep Lluís Alay, al que también ha imputado, se desprende que el líder de Junts acudió a reuniones donde “pudo haberse planificado la actuación” de Tsunami Democràtic. También sitúa a Rovira en el centro de la investigación al sostener que “con mucha probabilidad” tenía “conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma”.García Castellón señala que la finalidad de Tsunami Democràtic era “subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”.De su lado, la Fiscalía anunció que recurrirá la resolución de la Audiencia porque no ve terrorismo en las actuaciones del Tsunami Democràtic. Además, alegó que, como se ha eliminado el delito de sedición, solo se puede seguir la causa por desórdenes públicos. Puigdemont acusó a la justicia española de vivir en “un golpe de Estado permanente” ya “sea con sables o con togas”. También ERC aseguró que la decisión de García Castellón es una muestra de la respuesta de los “poderes reaccionarios” del Estado a la amnistía y la CUP denunció que “sigue la represión” contra el independentismo. El líder de Òmnium, el leridano Xavier Antich, aseguró que “ninguna acusación de terrorismo nos parará”. La secretaria de Cultura y Deportes del PSOE, Manuela Villa Acosta lamentó la decisión: “Jueces haciendo política”. Todo ello mientras la cúpula de Junts y negociadores del PSOE trataron ayer de cerrar el acuerdo sobre la amnistía, escollo principal de cara a la investidura de Sánchez. Ambos discrepan en “cuestiones técnicas” y en el alcance de esta iniciativa. Los juntistas insisten en que incluya casos como el de Alay o el exconseller Miquel Buch, ya que consideran que han sido víctimas del Lawfare o guerra judicial, que implica un “uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos”, según denunció el domingo Piugdemont. Fuentes de la negociación remarcaron que las conversaciones son lentas porque los equipos jurídicos de ambas formaciones deben revisar los textos. “Si fuera una cuestión política sería más rápido”, remarcan, antes de afirmar que se está “cerca” del pacto.

ERC rechaza incluir casos de corrupción en la amnistía

La portavoz de ERC Raquel Sans afirmó que toda la causa judicial contra el independentismo “es lawfare”, es decir, guerra judicial, y rechazó vincular a la amnistía causas relacionadas con la corrupción. “Corrupción es corrupción”, remarcó, en una alusión velada a la presidenta de Junts, Laura Borràs. También avisó que los republicanos “revisarán” el texto final de la amnistía, antes de decidir si la firman o no, en función de cómo quede el redactado si Junts y PSOE cierran finalmente un acuerdo. También la secretaria general de ERC, Marta Rovira, defendió que esta iniciativa “no va de casos ni de personas” y subrayó que “si queremos una ley no impugnable fácilmente tenemos que ser muy cuidadosos”. Por otra parte, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, defendió desde el Vaticano que el pacto entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez “garantiza una amnistía que llegue a todos” y permite seguir negociando “para llegar al fondo del conflicto”, que pase por el “reconocimiento nacional de Catalunya” y por “una solución democrática”. Así se pronunció después de una audiencia con el Papa Francisco, con quien también abordó el conflicto entre Israel y Hamás.

Urkullu recuerda a Pedro Sánchez que necesita los votos del PNV

El lehendakari, Iñigo Urkullu, recordó al presidente español en funciones, Pedro Sánchez, que, además de los de Junts, también necesita los votos del PNV para lograr ser investido. Destacó que al Ejecutivo central todavía le queda por cumplir el Estatuto y “garantizar” el autogobierno vasco y afirmó que su compromiso y el de su equipo con Euskadi es ofrecer “certidumbre”. El PNV viene advirtiendo al PSOE de que no están avanzando “en temas importantes” para ellos.Por otra parte, la portavoz del BNG, Ana Pontón, y la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, firmaron el pacto que sella el apoyo del diputado de la formación gallega a la investidura de Sánchez. Los socialistas se comprometen a impulsar descuentos en las autopistas AP-9 y el AP-53, a condonar parte de la deuda de Galicia con el Estado más allá del Fondo de Liquidez Autonómico y a modernizar la red de cercanías gallega. También “aseguran” a Galicia el mismo estatus de Catalunya y Euskadi como nacionalidades históricas. Pontón defendió el pacto y contrapuso su labor con la del presidente gallego, Alfonso Rueda, a quien acusó de “solo ofrecer crispación y mentiras”.