Entidades y partidos tachan de “boicot” a la amnistía la causa contra Tsunami Democràtic

Entidades como Òmnium Cultural o Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, así como los partidos independentistas y Catalunya En Comú alzaron ayer la voz contra la vinculación con el terrorismo de las protestas impulsadas por la plataforma Tsunami Democràtic, después de que la Audiencia Nacional hiciera público que estaba investigando a varios dirigentes como Carles Puigdemont o Marta Rovira. Todo en plenas negociaciones entre PSOE y Junts para impulsar una ley de amnistía que permita la investidura de Pedro Sánchez.

En un acto celebrado a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya bajo el lema Protestar no es terrorismo, todos ellos cargaron contra el juez que instruye la causa, Manuel García-Castellón, a quien acusaron intentar criminalizar al independentismo para frustrar la investidura y la ley de amnistía.Y es que el magistrado ha pedido a la Guardia Civil que investigue si la muerte de un pasajero francés al que le dio un infarto durante las protestas de la plataforma en el aeropuerto de El Prat en otoño de 2019 se puede vincular a los investigados por el Tsunami. Este extremo podría amenazar la aplicación de la amnistía, puesto que el texto que estaría elaborando socialistas y juntistas incluiría el olvido en los casos de terrorismo, pero solo en aquellos sin fallecidos o acciones de sangre. Esto también abriría la puerta a una futura impugnación de la ley ante los tribunales europeos. En su momento, tanto la embajada francesa, como Aena y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) no atribuyeron directamente su muerte al bloqueo del aeropuerto.La portavoz de ERC, Raquel Sans, afirmó que “es una muestra más de los hooligans de la represión”. También para la CUP es una demostración “de un estado con graves carencias democráticas”. El presidente de Òmnium, Xavier Antich, dijo que incluir un muerto en la causa “desborda todos los límites de un sistema democrático”. Desde los comuns, Jaume Asens, aseguró que estos últimos movimientos judiciales siguen el “guion” de PP y Vox.Por su parte, la defensa de Puigdemont remitió un escrito a la Audiencia Nacional en el que asegura que la investigación contra Puigdemont forma parte del lawfare (guerra judicial) y la persecución contra el independentismo. La Generalitat también cargó contra el juez, a quien acusó de prevaricar y querer “condicionar” las negociaciones. La portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, evitó una declaración directa sobre el caso, pero sí censuró el pronunciamiento del Poder Judicial contra la amnistía. “Es inaudito que rechacen una ley que no existe”, aseveró.

Incluir una muerte en el caso podría dejar fuera de la ley de amnistía la causa en contra del Tsunami

n Los comités de empresa de Renfe y Adif han convocado huelga los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre ante la incertidumbre generada en las plantillas por el traspaso de Rodalies acordado por PSOE y ERC. La movilización será de 24 horas y está convocada por el conjunto de la red ferroviaria, incluida la alta velocidad. Los trabajadores critican la falta de información respecto a las condiciones laborales las plantillas tras el traspaso. El acuerdo especifica que se creará una nueva empresa pública Rodalies Catalunya que administrarán Generalitat y Estado a parte iguales. Ambas administraciones garantizaron sus derechos.

PSOE y Junts siguen negociando: “La fecha límite es el 27 de noviembre”

PSOE y Junts continuaban ayer negociando los “detalles técnicos” sobre la ley de amnistía, en aras de lograr un acuerdo que permita la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aunque ninguna de las partes se aventuró a afirmar si el pacto llegará esta semana. Junto al expresident Carles Puigdemont, seguían ayer en la capital belga el secretario general de Junts, Jordi Turull; la presidenta de la formación, Laura Borràs, y el presidente del grupo en el Parlament, Albert Batet. Mientras que el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, permanece en el hotel Sofitel de Bruselas, donde llegó el domingo por la noche para tratar de cerrar el acuerdo de investidura tras el enfriamiento de las negociaciones, la semana pasada. “No tenemos fecha límite, hasta el 27 de noviembre”, aseguraron fuentes de la negociación, que señalaron que se continúa “trabajando” y “avanzando” para tratar de cerrar “una ley importante, la primera ley de amnistía de la democracia”. Junts quiere que la medida de gracia incluya casos de lawfare que no están directamente vinculados al procés, pero que implican un “uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos”. Es por eso que los que más están trabajando en la elaboración del texto son los equipos legales de ambos bandos.No hubo pista alguna sobre las expectativas del Gobierno central en torno a la fecha del debate de investidura en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se limitó a señalar que serán los partidos “en su caso y llegado el momento”.

Puigdemont pide suspender el juicio en el Tribunal de Cuentas por el 1-O

La defensa del expresident Carles Puigdemont ha solicitado al Tribunal de Cuentas que suspenda el juicio que tiene previsto celebrar el próximo 17 de noviembre contra él y otros 34 excargos del Govern por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior enmarcada en el procés. Lo hace al entender que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que “el Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse en ningún caso sobre la responsabilidad contable derivada de una conducta presuntamente delictiva mientras no exista una resolución penal firme, que declare si en efecto se trata de hechos constitutivos de delito”.

Convocan huelga en Renfe y Adif por el traspaso de Rodalies