PSOE y Junts pactan la ley de amnistía y despejan la investidura de Sánchez

Fumata blanca. Junts y el PSOE firmaron ayer un pacto para la investidura de Pedro Sánchez con la ley de amnistía entre sus claves, que protege a los implicados en el procés de 2012 al 2023 y admite 'lawfare' (guerra judicial) contra independentistas. Se trata de “abrir una nueva etapa” para resolver el conflicto histórico de Catalunya”, afirman.

El acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez recoge una serie de compromisos concretos y otras cuestiones que se negociarán a partir de ahora entre ambas formaciones.

Los siete diputados de Junts votarán a Sánchez, pero la estabilidad de la legislatura estará sujeta a los avances en la negociación. Los de Puigdemont han impuesto un mecanismo de verificación internacional que haga un seguimiento de los acuerdos y de hecho Carles Puigdemont dijo ayer que ya tienen los nombres de quienes deberán dar fe del cumplimiento. La ley de amnistía no incluye nombres concretos, pero abarcará a todos los vinculados al procés entre 2012 y 2023. Según el PSOE, los jueces serán los que valorarán quién puede beneficiarse. Incluirá a personas implicadas en casos de lawfare o judicialización de la política que, como denuncia Junts, se han visto perjudicadas por un “uso estratégico de las leyes”. Se abriría así la posibilidad de incluir a Laura Borràs, Gonzalo Boye, o los Pujol. 

Además, el acuerdo entre el PSOE y Junts apunta a “acciones de responsabilidad” contra jueces y tribunales por lawfare.Entre los puntos a negociar a partir de ahora se encuentra la metodología de trabajo en la que se establecerán distintas mesas para hablar de asuntos como las Rodalies o la identidad de Catalunya. Los socialistas se comprometen al pleno despliegue y respeto de las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya.

Junts planteará una modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat que facilite la cesión del 100% de los tributos que se pagan en el territorio.También reclama un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de empresas que se han trasladado en los últimos años. Asimismo, Junts urge ampliar la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales.Carles Puigdemont destacó la importancia del acuerdo, “un compromiso histórico como el que ningún régimen ha sido capaz de hacer realidad desde caída Barcelona de 1714”, dijo. Afirmó que se abre una “etapa inédita” que puede culminar en un “acuerdo histórico” para la resolución del conflicto. 

Pero también lanzó claras advertencias a los socialistas porque “sin acuerdos y sin cumplimientos, la legislatura no tiene ningún recorrido. El ‘a cambio de nada’ ha ido a la papelera de la Historia”. Dicho de otra forma, Sánchez tendrá que ir negociando día a día con Junts. Sobre uno de los aspectos claves del acuerdo defendió que “una amnistía no puede excluir a las víctimas de la guerra sucia”. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, presentó el acuerdo “de legislatura” entre los socialistas y Junts, una “oportunidad histórica para resolver el conflicto” desde la política. “Estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica”, dijo, para encontrar “una solución negociada”. El acuerdo llegó en el aniversario de la consulta de 2014 impulsada por Artur Mas.