El PSOE registra en solitario la ley de amnistía a la espera del acuerdo con los socios

El PSOE ha registrado este lunes finalmente en solitario la ley de amnistía que prevé sacar adelante con los votos de Sumar, ERC, Juntos, Bildu, PNV y BNG. Los socialistas han estado negociando los últimos flequillos de la norma con Junts, primero, y ERC, después, sin conseguir cerrar un acuerdo definitivo, y han optado por registrar la ley y confiar en que los grupos que le tienen que dar apoyo se añadan al acuerdo durante la tramitación. El registro en solitario implica un cambio de guión en los planes de Ferraz, que preveía que el texto llevara una firma de los socios.

ERC ha justificado que no estampe de momento la firma por la necesidad de garantizar "la máxima seguridad jurídica del contenido del texto de la ley".

"La ley es lo bastante trascendente como para que las cosas se hagan no condicionados por nada más a que no sea el rigor y la seguridad jurídica", apuntan, y hoy por hoy "queda algún detalle desde el punto de vista técnico-jurídico en que se tiene que acabar de cerrar las próximas horas o días".

Fuentes del PNV han apuntado que aunque formalmente están de acuerdo con el texto que los socialistas les han hecho llegar, de momento esta formación no ha firmado la proposición de ley "porque las partes negociadoras no lo han requerido".

El registro de la ley, bautizada "Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña", llega justo después de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, haya convocado el pleno de investidura que tendrá lugar este miércoles y jueves.

La proposición de ley de amnistía se ha registrado incluye implícitamente varios casos considerados de 'lawfare' o guerra judicial por parte de los independentistas. Se trata, por ejemplo, del jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, o del exconseller de Interior, Miquel Buch.

En cambio, no prevé aplicarse a las actuaciones policiales más severas o a la tenencia y preparación de explosivos, como serían los CDR de la operación 'Judas'. El texto abarca del 1 de enero del 2012 a este 13 de noviembre, con todos los actos previos y posteriores a las consultas independentistas del 2014 y en el 2017.

La negociación con Juntos se ha alargado hasta esta madrugada, y el registro se ha prorrogado después de que afloraran desacuerdos "a técnicos" con ERC. Los republicanos habían recibido la última versión de la ley esta misma madrugada, igual que otras formaciones como el PNV y Bildu.

La Ley de amnistía llega al Congreso en medio de una fuerte ola de protestas en la calle. El Congreso de los Diputados está absolutamente blindado para evitar que las manifestaciones de los últimos diez días, a menudo con final violento, lleguen a los leones y puedan impedir el debate de la sesión de investidura.

Con respecto a su formato, se ha registrado como proposición de ley, es decir, a iniciativa de los grupos, y no como proyecto de ley del gobierno español, de manera que no ha habido que hacer los trámites previos preceptivos y pedir criterio a órganos como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

Una vez registrada, la ley superará la semana que viene la calificación de la Mesa del Congreso. No será a la reunión de la Mesa de este martes, porque según ha apuntado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, seguirá su curso normal, y la Mesa acostumbra a calificar las leyes que llegan hasta el viernes.

Una vez calificada por la Mesa, la ley iniciará sus trámites. El primero será la toma en consideración al pleno del Congreso de los Diputados, donde previsiblemente obtendrá 178 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bilu, PNV y BNG) y 172 en contra (PP, Vox, UPN y CC). Si en este punto los grupos aprueban que también se tramite por la vía de urgencia, los tiempos se reducen a la mitad con respecto a los de una tramitación normal.

Posteriormente, la norma se someterá al trámite de enmiendas a la totalidad y de enmiendas parciales, y finalmente se celebrará un pleno para aprobar el texto resultante. Una vez superada el Congreso, la reforma irá al Senado.

El PP ha iniciado una reforma del Reglamento de la cámara alta para dilatar la aprobación. Se trata de dar la potestad a la Mesa de la cámara alta, controlada por el PP, para decidir si las iniciativas enviadas desde el Congreso se tramitan por la vía de urgencia, que es de 20 días en vez de los dos meses del procedimiento ordinario.

El Senado rechazará la ley con toda probabilidad, de manera que el texto volverá al Congreso para quedar definitivamente aprobada.