PANORAMA
La amnistía abarca las acciones vinculadas al 'procés' desde 2012 sin mencionar el 'lawfare'
El PSOE registra en solitario la proposición de ley, que asume que cumplir la legalidad no es suficiente “para resolver el conflicto”
Armengol convoca para mañana y el jueves la investidura de Sánchez
La ley de amnistía pactada entre el PSOE y ERC y Junts incluye todos los actos de “responsabilidad penal, administrativa o contable” relacionados con el procés ocurridos entre el 1 de enero hasta el día de ayer, lo que incluye la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el 1-O. El documento, registrado ayer en solitario por los socialistas en el Congreso tras dudas de última hora de ERC sobre detalles técnicos, no incluye ninguna alusión al lawfare (o guerra judicial), y tampoco menciona las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales, incluidas en el acuerdo sellado entre Junts y PSOE para investir a Pedro Sánchez. Estos detalles se conocieron poco después de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunciara la convocatoria del debate de investidura de Sánchez para mañana y el jueves. El viernes podría asumir el cargo y el sábado quienes jurarían sus cargos serían los miembros de su Gobierno.
El texto presentado en solitario por el PSOE plantea amnistiar “los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar” la independencia de Catalunya o los cometidos para “convocar, promover o procurar la celebración” de la consulta del 9-N o el 1-O. Esto incluye la organización y la celebración de ambos cónclaves y “los actos preparatorios y las acciones de protesta para permitir su celebración”. Fuentes del PSOE indican que la ley beneficiará a 309 encausados por el procés y a 73 policías que participaron en las cargas del 1-O.
La amnistía beneficiará a 309 independentistas y a 73 policías encausados por el 1-O, según los socialistas
El texto reza que la norma se tendrá que aplicar sin perjuicio de posteriores recursos, que “no tendrán efectos suspensivos”. No menciona la lawfare y descarta que la amnistía incluya “actos no conectados directamente con el procés”. Sí que contiene una exposición de motivos donde señala que se trata de una medida constitucional, y admite que “la aplicación de la legalidad es necesaria, pero, a veces, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo”.Aunque se esperaba que los grupos que apoyan y han negociado la amnistía registraran ayer el proyecto de ley de forma conjunta en el Congreso, finalmente los socialistas fueron los únicos en firmar el texto. Los juntistas sostuvieron que aún lo están “revisando” y los republicanos mostraron dudas de última hora sobre el alcance de la ley, porque creen que podría dejar fuera a las causas relacionadas con el Tsunami Democràtic y los CDR. El PNV alega que no lo ha firmado porque no se lo han pedido.
En otro orden de cosas, el expresident Carles Puigdemont pidió a la Generalitat la “asignación inmediata” de escolta policial ante el “aumento del nivel de peligrosidad”. Todo en medio de las protestas contra la amnistía.
ERC alega dudas relativas a Tsunami y a los CDR
ERC evitó ayer firmar la proposición de ley de amnistía que el PSOE registró en solitario alegando que todavía está analizando el texto, y mostró dudas acerca del redactado del texto en los casos relativos al Tsunami Democràtic y los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo. Si bien el texto excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme, los republicanos quieren asegurarse de que los encausados por el Tsunami y los CDR serán también amnistiados. La portavoz de ERC, Raquel Sans, afirmó al mediodía que la ley de amnistía “no peligra” porque hay un “pacto político”, y subrayó que los republicanos están “revisando” el texto definitivo sobre la proposición de ley, que recibieron de madrugada.Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, dio por hecho que la ley que se iba a registrar en el Congreso es la que su formación pactó con el PSOE, si bien finalmente los juntistas no firmaron el texto presentado por los socialistas. Nogueras dijo que todavía están negociando algunos flecos del texto, entre ellos los casos de los CDR y del Tsunami.Entretanto, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, aseguró que la amnistía cuenta con el apoyo de una “amplia mayoría parlamentaria”, lo que hará que “esta ley sea una realidad en las próximas semanas”.Por su parte, el presidente español en funciones, Pedro Sánchez, pidió “serenidad” a la Ejecutiva Federal del PSOE tras las manifestaciones contra la amnistía.
Incluye a políticos, ediles, manifestantes y policías
Además de los dirigentes del procés, quedan cubiertos los directores de colegios en los que se colocaron urnas el 1-O, alcaldes, manifestantes y policías que actuaron para intentar evitar el referéndum.
Excluidos los condenados por terrorismo y torturas
La proposición de ley excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme, y tampoco incluirá los casos de torturas. Por lo tanto, podría beneficiar a los 12 CDR procesados por presunta pertenencia a organización terrorista y a los encausados por el Tsunami Democràtic.
La euroorden contra Puigdemont, sin efecto
Aunque no cita a Carles Puigdemont, el texto pide dejar sin efecto las “órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”, que afectan también a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Borra la responsabilidad contable del 1-O
La ley beneficiará a una treintena de ex altos cargos del Govern, incluido Puigdemont, a los que el Tribunal de Cuentas reclama hasta 5 millones por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat.
Los amnistiados, sin derecho a indemnización
La ley no dará derecho a los beneficiados a ninguna indemnización o al retorno de las multas impuestas, lo que afecta por ejemplo a Artur Mas.
Dos meses para aplicar la ley tras su aprobación
Una vez aprobada la ley, los jueces tendrán un máximo de dos meses para aplicarla. Sus posibles recursos no suspenderían su aplicación.