El Tribunal de Cuentas juzga a más de 30 ex altos cargos del Govern por el 1-O y Exteriores a pesar de la previsible amnistía

El Tribunal de Cuentas (TdC) ha celebrado este viernes por la mañana el juicio contable contra los expresidentes de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, varios exconsellers y otros ex altos cargos del Govern del 2012 en el 2017 por los gastos del 1-O y del Diplocat. Aunque las defensas habían pedido suspender el procedimiento porque previsiblemente serán amnistiados, la consejera de enjuiciamiento lo ha descartado y lo argumentará próximamente. En la vista han declarado tres testigos, una de las cuales, una interventora del Estado, ha admitido que no tenían “capacidad” para controlar todos los pagos de la Generalitat en el 2017 aunque el Ministerio de Hacienda decía lo contrario.

La fiscalía pide una responsabilidad patrimonial de 3,1 millones de euros, unos 336.000 menos de los inicialmente reclamados a los 35 encausados porque había retirado del cómputo la campaña 'Civismo'. Por su parte, Sociedad Civil Catalana, también acusación, reclama más de 5 millones de euros tanto por los costes de organizar y celebrar el 1-O como por el gasto de la "política exterior" desplegada por el Govern a través del Diplocat durante los años del 'procés'.

En una vista que ha durado una hora y media aproximadamente, al inicio se ha discutido la posible suspensión del procedimiento a la vista de la probable aprobación de la amnistía y la posible declaración por videoconferencia de Puigdemont. La consejera de enjuiciamiento Elena Hernáez considera que el procedimiento no se puede suspender todavía porque la amnistía no está vigente. Tampoco ha aceptado que Puigdemont declarara por videoconferencia porque se pidió con demasiado poca antelación, aunque Gonzalo Boye, abogado del expresidente, ha dicho que lo pidieron cuando supieron seguro que no podía volver a España. La consejera argumentará más la decisión en un escrito los próximos días.

El primer testigo ha sido el de María Luisa Lamela, interventora general del Estado y hermana de Carmen Lamela, magistrada de la Audiencia Nacional que envió a prisión preventiva a algunos de los procesados por el 1-O. Lamela ha respondido a Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, que ella no habla de trabajo con su hermana y no tenía acceso a la causa judicial contra los independentistas.

También ha explicado que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristobal Montoro, decretó en julio del 2017 que todos los pagos de la Generalitat a proveedores tenían que ser autorizados por el Estado. Eso empezó a pasar a partir de septiembre y el primer pago se hizo a finales de aquel más. Según Lamela, la mayor parte de los pagos eran nóminas de educación, sanidad y servicios sociales. No obstante, la ingente cantidad de documentación que la Generalitat enviaba a la Intervención General del Estado sobrepasaba su “capacidad” de gestión. Ella se fiaba de los documentos certificados previamente por la Intervención de la Generalitat, ha dicho, y ha explicado que su principal preocupación era pagar las nóminas antes del día 1 de cada mes.

Lamela ha explicado que ni ella ni la Intervención General del Estado “controlaban” los gastos de la Generalitat, sino que simplemente lo supervisaban como podían y autorizaban los pagos y los hacían a cuenta del dinero que el Estado tendría que haber transferido a la Generalitat. Hicieron unos pagos por valor de 700 millones de euros, ha dicho, pero ha negado que viera nunca ninguna factura firmada por Puigdemont.

El segundo testigo de las defensas ha sido Antoni Millet, miembro del comité directivo del Diplocat del 2003 en el 2019. Ha explicado que este consorcio está formado por instituciones públicas pero también entidades privadas, como la Federació Catalana de Caixes d'Estalvi que él representaba. De hecho, ha dicho que de los ocho miembros del comité ejecutivo, sólo dos o tres eran de la Generalitat, y los otros eran representantes privados o de asociaciones municipalistas.

A lo largo de sus 16 años al cargo no recibió nunca ningún requerimiento para justificar gastos por parte del Estado ni tampoco indicaciones expresas del Govern de la Generalitat. Sobre los gastos para encargar informes a universidades o invitar profesores y diputados extranjeros, ha dicho que era relativamente habitual. También ha justificado que se pagara la indemnización a dos trabajadores de la oficina del Diplocat en Lleida cuando esta cerró.

Por último, ha declarado a Alfons González Bondia, profesor de derecho internacional a la URV y que recibió dos encargos para hacer informes. Después del proceso fue director general de Asuntos Europeos y Mediterráneo de la Generalitat. Ha explicado que los dos informes que hizo, uno sobre la ampliación interna de la Unión Europea a través de regiones de estados que ya forman parte, y un censo sobre normativa internacional, eran relativamente habituales, y que el precio lo fijó la Fundació de la URV. Según él, los dos informes no estaban conectados, aunque la fiscalía cree que se dividieron en dos partes para poder adjudicarlos a dedo sin concurso público.

En el 2015 el Departamento de Presidencia y el Diplocat contrataron directamente dos informes sobre tratados multilaterales de los cuales forma parte España y sobre los procedimientos que tiene que seguir un nuevo estado para poder entrar en organizaciones internacionales, con los ejemplos de Estonia, Letonia, Eslovaquia, Eslovenia, Kosovo y Montenegro. El encargo se hizo a través de la Fundació Universitària Rovira i Virgili al mismo profesor González, por dos pagos de 17.500 euros más IVA.

Después de esta declaración, la consejera ha dado por concluida la vista oral. En los próximos días hará públicos los argumentos jurídicos para no suspender el procedimiento y para impedir a Puigdemont declarar por videoconferencia. Después serán las partes las que presentarán sus escritos de conclusiones, y entonces la consejera dictará sentencia, que todavía se podrá recurrir delante del mismo TdC y el Tribunal Supremo.

Aparte de Ma, Puigdemont y Junqueras, otros encausados relevantes son los exconsellers Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig; exsecretarios generales como Albert Royo, Joaquim Nin, Roger Albinyana o Aleix Villatoro; secretarios de departamentos y delegados de la Generalitat en el extranjero como Amadeu Altafaj, Martí Anglada, Andrew Scott o Josep Suàrez Iborra.

Les defensas piden el archivo o la anulación del caso, cuestionando la legitimidad del procedimiento y de los métodos utilizados, y aduciendo indefensión. También apuntan que los hechos han prescrito, porque han pasado más de 5 años.

Puigdemont y los exconsellers en el exilio Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí habían pedido la suspensión de la vista por su inmunidad parlamentaria, pero la consejera de enjuiciamiento recordó hace unos días que ya se denegó esta petición en diciembre porque no son incompatibles la vía contable y la penal y la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O no les es aplicable. También habían pedido que Puigdemont declarara por videoconferencia, cosa que el TdC ha denegado porque no ve motivos suficientes y se había pedido con demasiado poca antelación.

Además, la consejera también denegó la petición de la acusación particular, Sociedad Civil Catalana, de hacer las conclusiones del procedimiento por vía oral, y dictaminó que se tendrán que hacer por escrito días después de que se acabe la vista oral. Eso hará que la vista, que empieza a las 11 de la mañana, se alargue poco.

Por otra parte, si se acaba aprobando la ley de amnistía es previsible que la mayoría de los acusados se puedan beneficiar de esta medida. De hecho, ERC había pedido suspender la vista por la previsible aprobación de la ley de amnistía. Aparte de eso, el procedimiento puede tener dos niveles de recurso, en un primer momento en una instancia superior dentro del Tribunal de Cuentas y, posteriormente, en la sala tercera del Tribunal Supremo.