El juez reclama a Suiza que localice a Rovira y que investigue la financiación de Tsunami

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha cursado una comisión rogatoria a Suiza para que la Policía helvética aporte los datos que permitan la localización de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en el marco de las actuaciones que mantiene abiertas contra los supuestos organizadores del Tsunami Democràtic. Sospecha que Rovira pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami en agosto de 2019, y en la que está “acreditado indiciariamente” que también acudió Carles Puigdemont, al que el juez le otorga un “rol de liderazgo” en esta iniciativa. Acompaña esta petición de una solicitud de los datos de una cuenta bancaria del CIM Banque con el objetivo de que las autoridades suizas identifiquen a los titulares de cuentas relacionadas, los productos financieros suscritos, las personas autorizadas en ellos y sus vínculos. Además, quiere una relación de los movimientos de la cuenta desde su creación en junio de 2020. García Castellón cree que desde esta se habría financiado a la plataforma a la que se responsabiliza de las protestas tras la sentencia del procés. En 2019 ya intentó que Suiza colaborara con la investigación. Sin embargo, las autoridades helvéticas declinaron entonces su petición.

Todo después de que el martes, el juez enviara al Tribunal Supremo una exposición razonada para que investigue por terrorismo a Puigdemont, Rovira y otras diez personas, a pesar de que el caso quedaría amparado por la futura ley de amnistía. Ante esta situación, el Gobierno central afirmó que respeta los pasos de la Audiencia Nacional, pero dejó claro que seguirá adelante con su hoja de ruta para Catalunya. Mientras que ERC criticó la “operación política” que está llevando a cabo García Castellón.

Esquerra carga contra la “operación política” que dice que está llevando a cabo García Castellón El Gobierno confirma al fiscal general del Estado pese a la polémica con Delgado y la amnistía

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, señaló ayer que Bruselas está “estudiando cuidadosa y objetivamente” el alcance de la ley de amnistía, pero aseguró que el Ejecutivo comunitario no concluirá su análisis sobre la misma hasta que el Congreso no apruebe el texto definitivo y concluya la etapa de enmiendas. Así lo afirmó durante un tenso debate celebrado en el Parlamente Europeo, a petición del PP y Ciudadanos, al que se trasladó la lucha de bloques que se vive actualmente en el Congreso de los Diputados.

Durante el debate entre los eurodiputados, los de otros países de la UE siguieron en líneas generales los argumentos de sus compañeros de filas españoles, con los socialistas y sus aliados defendiendo que el mayor riesgo para el Estado de derecho en España es el ascenso de la extrema derecha y la oposición, encabezada por el PP, Vox y Ciudadanos, apelando a Bruselas a actuar.Junts y ERC reprocharon a los populares su deriva “trumpista” y defendieron que la amnistía “no es una anomalía”. El juntista Toni Comín, que se beneficiará de la medida de gracia, recordó al jefe del PP Europeo, el alemán Manfred Weber, que el Tribunal de Schleswigh-Holstein (Alemania) descartó que durante el procés hubiera rebelión y sedición. Tanto él como el expresident Carles Puigdemont, que lamentó “el circo”, abandonaron el hemiciclo antes de que acabara el debate. En otro orden de cosas, el Gobierno confirmará a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado hasta 2027, a pesar de la polémica en torno a la promoción profesional de su predecesora, Dolores Delgado, un movimiento en el que el Supremo aprecia “desviación de poder” y pese a las críticas de los fiscales por no posicionarse sobre la amnistía.

Fiscalía rechaza la intención del juez de elevar el caso al Tribunal Supremo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión del juez de enviar al Tribunal Supremo la causa en la que investiga a Tsunami Democràtic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del 1-O en otoño de 2019. El fiscal Miguel Ángel Carballo se remite a los argumentos que incluyó en otro recurso, en el que se oponía a dirigir la causa contra el expresident Puigdemont al considerar que los indicios contra él son “insuficientes” y en el que descartaba el delito de terrorismo.