POLÍTICA NEGOCIACIONES
Junts anuncia una reunión entre Puigdemont y Sánchez, y este niega tenerla en su agenda
Turull asegura que se llevará a cabo fuera de España, sin mediador internacional, y que servirá para “normalizar” relaciones
Los socialistas no aclaran si el encuentro podría producirse más adelante
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que no tiene en su agenda reunirse con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, después de que Junts anunciara un próximo encuentro entre ambos, que se celebraría sin mediador y para “normalizar” las relaciones.
El anuncio de este eventual encuentro lo hizo el secretario general de Junts, Jordi Turull, en declaraciones a La 2 y Ràdio 4, un día después del pleno del Europarlamento que reunió a ambos dirigentes en Estrasburgo y durante el cual se intercambiaron palabras desde la tribuna, pero ni siquiera se saludaron públicamente. “Nos hemos emplazado a encontrar la fecha y el lugar para que se vean. Lo importante es que se encuentren y hablen, en un encuentro como debe ser, sin fotografías ni logos de partido”, explicó Turull. La entrevista sería sin presencia de un mediador como el que sí hay en las reuniones entre el PSOE y Junts de seguimiento de sus pactos, y serviría para “normalizar una relación y una negociación”, ahondó. Más tarde, en Bruselas, Sánchez afirmó a la prensa que en su agenda no tiene prevista ninguna cita con Puigdemont, solo una con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el próximo jueves, día 21, en Barcelona. No obstante, tampoco negó que esa reunión vaya a celebrarse. Del mismo modo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, apuntó en una entrevista en Antena 3 que no le consta que esté “agendada” una reunión entre Sánchez y Puigdemont, sin aclarar si podría estarlo más adelante. Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, añadió que esta es una información que se “irá conociendo cuando haya información”.No obstante, Turull volvió horas más tarde a referirse al encuentro en otra entrevista en Rac1, en la que especificó que esa reunión tendrá lugar “fuera del Estado español”. El secretario de Junts dijo que Alegría “quizá no estaba al corriente” de esa cita, pero que sí lo está el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, quien conocía que iba a lanzar el anuncio.Desde Ginebra, Suiza, donde asistía a un foro sobre refugiados organizado por Acnur, el president del Govern, Pere Aragonès, opinó que le “parece bien que la gente se reúna”, en referencia al encuentro.Al PP le bastó la mera posibilidad de que se dé ese encuentro a solas entre ambos políticos fuera de España en las próximas fechas para criticarlo con dureza. Según su secretaria general, Cuca Gamarra, supondrá una nueva “humillación” y una muestra de la “degeneración” a la que Sánchez está llevando a España. La popular cree que servirá para vislumbrar que “un prófugo de la justicia le ha convertido en una marioneta que maneja a su antojo”, aseveró.El hipotético encuentro podría influir en el que el jefe del Gobierno quiere mantener con el de la oposición. Gamarra apuntó que el Partido Popular sigue “a la espera” de que Moncloa les remita un “orden del día”, que para este partido es un requisito previo para concretar una cita. Si bien el PSOE ha indicado en varias ocasiones que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución–para eliminar el término disminuido– serían los temas a tratar, la popular cree que deberían añadirse otros, como la moción de censura municipal en Pamplona que dará la alcaldía a EH Bildu gracias al PSN, porque a su juicio se debe al pacto de la investidura de Sánchez entre esos partidos, que “no se ha hecho público”. Desde Bruselas también, Feijóo avanzó que acudirá el domingo a una manifestación en Pamplona contra esa moción de censura.
Tacha de “humillación” la eventual reunión y dice que espera el “orden del día” de la de entre Feijóo y Sánchez Sopesa elaborar un informe para respaldar a los jueces que se nieguen a ir a comisiones por “lawfare”
Los nueve vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acaba de cumplir un mandato completo de cinco años en funciones, quieren que la institución aborde la legalidad de las comisiones parlamentarias de investigación pactadas por PSOE y Junts y si pueden obligar a los jueces a comparecer en ellas. En un escrito, solicitan la inclusión a debate de este tema en el orden del día del próximo pleno, el día 21, una petición que por tiempo y forma será incluida. Los conservadores se remiten al “continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales”. Así como a “la creación de diversas comisiones parlamentarias de investigación nombradas con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial”. Detrás de esta petición está la creación en el Congreso de comisiones de investigación sobre la Operación Catalunya y el espionaje con Pegasus a líderes independentistas.
Por otro lado, el CGPJ estudia la posibilidad de redactar un informe con razones jurídicas que respalde a los jueces y magistrados que se nieguen a comparecer ante las recién creadas comisiones para detectar supuestos casos de lawfare, un asunto que preocupa a los togados. La propuesta ha encontrado acogida a nivel interno, por lo que el órgano de gobierno de los jueces sopesa poner ya en marcha la elaboración del citado texto.
El Parlament impulsará un “observatorio” de la amnistía
El Parlament aprobó ayer la moción impulsada por la CUP en la que se considera “necesario” crear un grupo de trabajo que funcione como “observatorio” de la aplicación de la ley de amnistía. La propuesta salió adelante gracias a los votos de ERC, Junts, la CUP y los comunes, mientras que el PSC, Vox, Cs y el PPC se opusieron. Este grupo dependerá de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara y los partidos se comprometieron a constituirlo “en el menor tiempo posible” después de que se apruebe la ley. El equipo estará formado por dos representantes de cada grupo parlamentario y se permitirá que participen personas de entidades que trabajen en la ley de amnistía.