JUSTICIA TRIBUNALES
Rato reclama anular el juicio sobre el origen de su fortuna
Su defensa pide retirar pruebas alegando vulneración de derechos
Arranca la vista en la que Fiscalía pide 70 años de cárcel
Rodrigo Rato ayer a su salida de la Audiencia Provincial de Madrid. - EUROPA PRESS
La defensa del exvicepresidente del Gobierno español Rodrigo Rato pidió ayer, en la primera sesión del juicio por el supuesto origen ilícito de su fortuna, que se anule la causa, alegando que está basada en un registro que vulneró su derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio y que respondía a una denuncia “mendaz” de la Fiscalía. El Ministerio Público pide para el expresidente del Fondo Monetario Internacional 70 años de prisión por delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal, después de que el capital de Rato ascendiera hasta los 15,5 millones de euros entre 2005 y 2015 de manera injustificada.
La defensa de Rato solicitó la nulidad de las actuaciones y en particular de la entrada y registro del domicilio del exdirigente popular, que tuvo lugar en 2015, ya que en su opinión se vulneró “la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la intimidad”. Su abogada sostuvo que, “en caso de no aceptarse su petición de nulidad de la causa”, el tribunal debería eliminar la documentación incautada durante dicho registro, alegando que parte de ella se obtuvo sin las suficientes garantías procesales. También criticó que la denuncia de la Fiscalía no se sostiene, entre otros motivos, porque “las bases de datos de la Agencia Tributaria no pueden ser consideradas pruebas”. El juicio, el tercero al que se enfrenta Rato, se alargará hasta el 23 de mayo de 2024. El exdirigente popular fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas ‘black’, mientras que fue absuelto por la salida a bolsa de Bankia.La Fiscalía, que pide para Rato 70 años de prisión por delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal, asegura en su escrito haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, y 7,4 millones defraudados a la Agencia Tributaria.
