POLÍTICA ESPAÑOLA
Sánchez y Feijóo se reunirán mañana en el Congreso tras dos semanas de tira y afloja
El líder del PP reclama abordar la amnistía, los encuentros entre el PSOE y Junts en Ginebra y la independencia de los jueces
El socialista acepta las exigencias: “Para usted la perra gorda”
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán finalmente mañana en el Congreso, después de dos semanas de tira y afloja. Ambos protagonizaron ayer un debate en la Cámara Baja marcado por los duros reproches, que auguran que en ese encuentro sean incapaces de llegar a acuerdo alguno.
Dos semanas después de que Sánchez anunciara su intención de abordar con el jefe de la oposición la renovación del Consejo General del Poder Judicial, los populares movieron ficha ayer al aceptar finalmente la cita, aunque con requisitos. Feijóo condicionó el encuentro a evitar la “soberbia”, las “imposiciones” y a fijar “un orden del día oficial”. También reclamó verse en el Congreso, una propuesta que Sánchez calificó de “inédita” porque supone rechazar acudir al Palacio de la Moncloa cuando alguien es llamado por el presidente. El PP reclama abordar una decena de puntos, entre ellos la ley de amnistía, las reuniones del PSOE con Junts en Ginebra, la independencia de los jueces y la moción de censura contra UPN en Pamplona o la propuesta de Sumar de despenalizar las injurias a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo.“Para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso y hablaremos de lo que usted quiera”, respondió Sánchez, después de celebrar la “rectificación” de Feijóo, a quien acusó de “jugar al escondite”. Reclamó al líder de la oposición “diálogo y no berrinche” e insistió en abordar la renovación del CGPJ, la financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuido” de la Carta Magna. Por otra parte, defendió la amnistía y acusó a Feijóo de no tener propuestas para Catalunya.De su lado, el líder de los populares criticó a Sánchez por sus pactos con los partidos políticos catalanes y vascos y replicó que “la perra gorda para usted es la que le da Bildu”. Además, preguntó al presidente del Gobierno español si le parecía bien celebrar un encuentro sin mediador y que no sea en Suiza, en refrencia a los encuentros entre el PSOE y Junts.
El Gobierno español y la Generalitat sellaron ayer un pacto para financiar el despliegue de los Mossos d’Esquadra hasta 2030, que se concretará con una trasnferencia de 1.600 millones de euros a partir de 2024, año en que el Estado abonará 93,5 millones. “Con esta medida, vemos cómo empiezan a hacerse tangibles los acuerdos de investidura alcanzados entre ERC y el PSOE”, aseguró la consellera de Economía, Natàlia Mas”. El acuerdo, que llegó la víspera de la reunión que Pere Aragonès y Pedro Sánchez mantendrán hoy en Barcelona, prevé un crecimiento de unos 3.000 efectivos desde ahora hasta 2030 para alcanzar la cifra total de 22.000 policías en el cuerpo.
Entretanto, el president del Govern prevé debatir hoy con el jefe del Ejecutivo español el desarrollo de los asuntos recogidos en los acuerdos de legislatura, como la ley de amnistía, el traspaso de Rodalies a la Generalitat, la financiación autonómica y la resolución del conflicto catalán. Se trata del primer encuentro entre ambos dirigentes después de que sus respectivas formaciones, PSOE y ERC, alcanzasen un acuerdo para la investidura del líder socialista. Desde el Executiu remarcan que se trata de una reunión de “trabajo” y no “de cortesía ni de presentación”.
Unanimidad en el Consejo Fiscal para amparar a fiscales del ‘procés’
El Consejo Fiscal acordó ayer por unanimidad amparar a los fiscales del procés frente a las acusaciones de lawfare (o guerra judicial) lanzadas por Junts contra algunos jueces. Paralelamente, el fiscal general del Estado, Áalvaro García Ortiz, trató de acallar las críticas internas y emitió una declaración institucional en “apoyo a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado”. Siete vocales del Consejo se desmarcaron por no condenar el texto el término lawfare. García Ortiz también frenó un pronunciamiento oficial sobre la amnistía, al considerar que excede las competencias del órgano y supondría interferir en el Poder Legislativo.