INMIGRACIÓN MEDIDAS
Moncloa reformará la ley de Extranjería para simplificarla
Apela a la solidaridad entre comunidades para el reparto de menores migrantes
Las comunidades piden más financiación
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presidió ayer su primera Conferencia Sectorial para abordar los desafíos migratorios “que han puesto a prueba nuestro sistema” este año 2023, en el que, hasta mediados de diciembre, llegaron a las costas españolas más de 51.000 migrantes. En ella, la ministra anunció que van a proceder a modificar el Reglamento de Desarrollo de Extranjería antes de que termine el primer semestre de 2024. El objetivo es simplificar trámites y mejorar la protección de los derechos de los migrantes que viven en España.
Saiz aseveró que el fenómeno migratorio requiere de un “compromiso común” entre administraciones y de un ejercicio de “solidaridad interterritorial” y apeló a las comunidades a trabajar juntos en el reparto de menores migrantes no acompañados.Pese a que la competencia sobre menores migrantes que viajan solos corresponde a las comunidades –la de los adultos al Estado– y en esta sectorial no puede acordar ningún reparto porque se hace en la de Infancia y Familia, Saiz llegaba a la reunión con esta problemática sobre la mesa.Canarias tutela en estos momentos a 4.391 niños y adolescentes, más del doble de los que tenía a su cuidado antes del verano, y lleva años reclamando una reforma legal que obligue al Estado y al resto de autonomías a compartir esa responsabilidad porque los mecanismos voluntarios de solidaridad no han funcionado.En la conferencia, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, lamentó la falta de medidas a corto plazo.Por su parte, la Generalitat reiteró su petición al ministerio de impulsar más espacios de codecisión y de coordinación para planificar la llegada de personas migradas. También, como muchas ocomunidades, pidió más fondos y en concreto, solicitó la transferencia de los procedentes de la Unión Europea para ejecutar las políticas de acogida desde Catalunya.