SEGRE

TRIBUNALES CRIMEN DE LA GUARDIA URBANA

Imputan a Rosa Peral y a su padre por ocultar bienes

La condenada habría cedido a su progenitor un piso y un coche

Para evitar pagar indemnizaciones a familiares de la víctima

Imatge de Rosa Peral durant el judici pel crim.

Imagen de Rosa Peral durante el juicio por el crimen. - EUROPA PRESS

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Un juzgado de Tarragona está investigando a la condenada por el ‘crimen de la Guardia Urbana’ de Barcelona, Rosa Peral, y a su padre por presunta ocultación de bienes, después de transferirle la casa y el coche a su progenitor poco antes de ser condenada por el asesinato de su pareja.

La jueza ha citado a padre e hija a declarar el próximo 24 de enero porque Peral supuestamente habría cedido su casa a su padre pocos días antes de que el Tribunal Supremo la condenara en firme a 25 años de cárcel por el asesinato de su pareja, un agente de la Guardia Urbana, según avanzó ayer La Vanguardia.Se ha aceptado la querella presentada por los familiares de la víctima al considerar que puede haber indicios de delito de alzamiento de bienes, “al haber donado a su padre la casa de Vilanova i la Geltrú de la que era propietaria para así no tener que indemnizar a los familiares de la víctima”.La sentencia que condenó a Peral y a su amante, Albert López –también agente de la Guardia Urbana– por el asesinato, a 25 y 20 años, respectivamente, fijó que ambos debían pagar conjuntamente 885.000 euros a los familiares de la víctima, y que, en caso de no tener el dinero, les embargarían sus propiedades.La condenada citó a un notario en prisión y trasfirió su casa y su coche a su progenitor, por lo que pasó a ser “insolvente” y se libró de abonar la indemnización.Por otra parte, fuentes judiciales apuntaron que quedó sin recorrido el embargo preventivo que la Audiencia de Barcelona ordenó en caso de que Rosa Peral y Albert López hubieran recibido alguna contraprestación por la emisión de la serie El cuerpo en llamas y el documental Las cintas de Rosa Peral. Las productoras responsables negaron que los condenados hubieran cobrado por ningún derecho vinculado al contenido de la serie y el documental. La familia de Rodríguez había pedido que, de haber cobrado algún dinero, éste fuera embargado para asumir las indemnizaciones por el crimen.

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