POLÍTICA CONGRESO
El Gobierno se abre a cambios con Junts y PP para intentar salvar sus decretos anticrisis
El PSOE, dispuesto a negociar temas alternativos para poder conseguir el respaldo de los juntistas
Los de Puigdemont insisten en su “no” y reclaman que retire los textos para poder pactarlos uno a uno
Las dificultades con las que se enfrentará el Gobierno de Pedro Sánchez esta legislatura están quedando de manifiesto ante la votación de los primeros reales decretos mañana en el Congreso. Junts mantiene su negativa porque considera, entre otras cuestiones, que puede poner en peligro la aplicación de la ley de amnistía. El PSOE se abre a negociar con los juntistas pero sin tocar el artículo de las cuestiones prejudiciales que los independentistas rechazan. Al menos de momento, el Partido Socialista descarta retirar el decreto ley para evitar una derrota. En juego están desde la subida de las pensiones a la rebaja del IVA de los alimentos básicos, entre otros puntos. En este contexto, al Gobierno baraja la posibilidad de tramitar los decretos como proyectos de ley. De esta manera se podrían introducir enmiendas y con ello se permitiría incorporar cambios que exigen Junts y el PP, según difundió ayer El País. Esquerra, por su parte, votará a favor de los tres decretos, destacando su importancia en materia social y económica, por “responsabilidad y coherencia”, y al considerar que no produce cambio alguno respecto a la ley de amnistía, desmarcándose así de la posición de Junts per Catalunya.
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se compromerió a “negociar hasta el último minuto” con Junts y con los que se quieran sumar a la mayoría y admitió que se puede hablar de otros asuntos, incluso ajenos a los decretos leyes que se van a votar, pero no adelantó asuntos: “Son muchas las referencias de las que se hablan, pero cuando se llegue a un acuerdo, se harán públicos”, se limitó a decir. Lo que el PSOE descartaba al menos en público es que el Gobierno retire los decretos en el último momento para evitar una derrota parlamentaria y subrayó que las normas se someterán a votación mañana y que quienes voten en contra serán los que deban explicarse.
La dirección de los populares desvela tres llamadas desde Moncloa buscando su respaldo
El portavoz de Junts, Josep Rius, por su lado, ratificó que la formación mantendrá su voto en contra de los reales decretos del Gobierno porque “agravan la infrafinanciación que ya sufre Catalunya, implican recortes de competencias de la Generalitat y ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía”. Pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que los retire y los vuelva a presentar una vez los haya negociado con Junts y de forma individualizada: “Un decreto por cada tema”, reclamó. “En esta legislatura no funcionará el ‘a cambio de nada’. El PSOE debe tener claro que Junts no ha firmado un acuerdo de legislatura. Sólo habrá estabilidad si hay avances en los dos ejes: el ámbito nacional y el social”, avisó. Sobre la aplicación de la ley de amnistía, ha argumentado que el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil supone dar “instrumentos a la cúpula judicial para dilatar la aplicación” de la norma. La disposición de la polémica prevé que cuando se eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se “suspenderá” cualquier actuación “hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
En este contexto, la dirección del Partido Popular confirmó hasta tres llamadas del Gobierno a la primera formación de la oposición en el Congreso para solicitarle su apoyo, si bien tanto Cuca Gamarra como Borja Sémper le trasladaron el “no” del Grupo Popular porque no van a “socorrer” al jefe del Ejecutivo.
Feijóo se niega a “arreglar el desgobierno” de Sánchez
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anticipó ayer el “no” de su partido a los tres decretos que se votarán mañana en el Congreso alegando que no van a “arreglar” a Pedro Sánchez los “problemas internos del desgobierno”. Tras asegurar que España está ante “un salto al vacío” con este Ejecutivo, presentó al PP y a sus comunidades autónomas como “redes de seguridad” para los españoles y subrayó que en esta legislatura actuarán como “contrapeso de sentido común ante los desmanes”. En un desayuno informativo organizado por Europa Press, volvió a defender deflactar la tarifa del IRPF, extender la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido a la carne, el pescado y las conservas, y retornar el IVA al 5% en la luz y el gas durante los próximos meses. “Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno”, avisó.Entretanto, Podemos también amenaza con frenar el decreto anticrisis si el PSOE no acuerda más medidas, como limitar al 2% las ganancias de grandes supermercado en los alimentos.
ERC ratifica su respaldo por “responsabilidad y coherencia”
La portavoz de ERC, Raquel Sans, anunció ayer que la formación republicana votará a favor de los primeros reales decretos del Gobierno, por “responsabilidad y coherencia”, y al considerar que no produce cambio alguno respecto a la ley de amnistía, desmarcándose así de la posición de Junts per Catalunya. Tras la primera reunión del año de la ejecutiva republicana, dijo que “no hay ningún elemento que perjudique a la ley de amnistía respecto a lo que ya pasa en la actualidad”.Hacía estas declaraciones mientras Junts pedía al Govern que el Presupuesto de 2024 no sea “un intercambio de cromos” entre ERC y el PSOE para aprobar los del Estado.
Del IVA de los alimentos al bono social o la rebaja del transporte
La parte económica de los tres decretos que están en el aire incluyen, por ejemplo, la ampliación durante el primer trimestre de la rebaja del IVA del 4% al 0% a alimentos de primera necesidad (como la leche, el pan, los huevos, las legumbres o las verduras) y del 10% al 5% para el aceite y las pastas. También supone subir el IVA de la electricidad al 10% desde el 5% al que lo redujo en 2021. Asimismo prorroga el bono social y la prohibición de cortar la luz, el gas o el agua a vulnerables, que no podrán ser desahuciados sin alternativa habitacional. Incluye las rebajas en el transporte público y mantiene el impuesto especial a la banca y a las grandes energéticas.