El decreto de las medidas anticrisis sale adelante en segunda votación

El pleno del Congreso ha dado finalmente luz verde al decreto anticrisis del Gobierno gracias a la abstención de Junts y después de que la votación se tuviera que repetir por un primer empate.

Los siete diputados de la formación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont han elegido en este caso abstenerse, con lo que el decreto ha sido convalidado con los 172 votos a favor del resto del bloque de la investidura y 171 en contra. El decreto se tramitará como proyecto de ley para recibir enmiendas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ausente en los debates de la jornada y en la votación de las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía, se ha desplazado al Senado -donde hoy se celebra el debate al estar el Congreso en obras- para participar en la nueva votación. 

Junts ha pactado con el PSOE la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, suprimir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que a su juicio haría peligrar la amnistía y publicar las balanzas fiscales a cambio de no votar los tres primeros decretos ley del Gobierno.

La decisión de Junts ha permitido que salga adelante el decreto ómnibus con reformas para la Justicia y, probablemente, el de medidas anticrisis (pendiente de una segunda votación tras un empate). El tercero de los decretos, que reformaba el subsidio de desempleo, ha decaído en todo caso por la oposición de Podemos.

En el paquete de medidas que Junts asegura haber pactado con el PSOE figura la delegación de competencias en materia de inmigración, que deberá ir acompañada "de los recursos necesarios" y permitirá que el Govern y el Parlament de Cataluña determinen "una política propia" en la materia, según el comunicado de Junts.

El acuerdo también incluye la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que los independentistas se han opuesto reiteradamente por entender que amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía.

Asimismo se ha pactado la publicación "inmediata" de las balanzas fiscales  y el compromiso de reformar, vía Consejo de Ministros, la ley de Sociedades de Capital para revertir el decreto que aprobó en 2017 el Gobierno del PP "y que las empresas puedan volver a Cataluña".

El acuerdo recoge asimismo rebajar al 0 % el IVA del aceite, que pasaría a ser considerado alimento esencial; un aumento de los recursos para la digitalización de la administración de justicia hasta los 6,2 millones de euros; que el Estado asuma la totalidad del coste del descuento en el transporte público, y que se reconozcan "los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local".