Junts reclama sancionar a firmas que dejaron Catalunya por el 'procés' y no quieran volver

A menos de 24 horas para la votación hoy en el Congreso del paquete anticrisis impulsado por el Gobierno español, Junts insistió ayer en su rechazo y elevó el pulso con el PSOE al reclamar sancionar a las empresas que trasladaron su sede social de Catalunya por el procés pero mantienen su actividad productiva en este territorio. Los juntistas también planten beneficios fiscales para aquellas compañías que vuelvan a Catalunya. La propuesta no consiguió ayer el respaldo de Moncloa, mientras el Govern lo rechazó claramente.

El portavoz de Junts, Josep Rius, afirmó que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2017 un real decreto para permitir la marcha de empresas con el que “solo buscaba perjudicar la economía de Catalunya”, y reclamó a Moncloa enmendarlo. El juntista desvinculó esta propuesta de las negociaciones sobre los tres decretos que el Congreso votará hoy (el de las medidas anticrisis, el llamado ‘decreto ómnibus’ y el del subsidio por desempleo). Insistió en que “unos cuantos elementos” de estos decretos “agravan la infrafinanciación” en Catalunya y pueden “demorar” la aplicación de la amnistía. Rius insistió en reclamar que los decretos se retiren, se redacten de nuevo “temática por temática” y se consensúen para evitar el bloqueo de las medidas anticrisis. “El PSOE confunde negociar con informar”, dijo, antes de reclamar que el IVA del aceite sea del 0% y que no se suba el del gas y la electricidad.La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, afirmó que “siempre” han dado la máxima seguridad jurídica a las firmas, si bien evitó pronunciarse sobre si aceptarían la propuesta de Junts. Fuentes de Moncloa dejaron entrever que no están dispuestos a sancionar a las firmas que no vuelvan a Catalunya, y dejaron más abierta la posibilidad de incentivos para aquellas que lo hagan. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, sostuvo que la Generalitat “no contempla” multar a las firmas que trasladaron su sede durante el procés. También descartó incentivos fiscales para lograr que regresen, porque “penalizaríamos a las que se mantuvieron”. “La lógica indica que la sede social debe estar donde las empresas tengan sus equipos directivos y su principal actividad”, dijo. Añadió que los decretos que hoy se votarán son “necesarios” y no suponen una “invasión competencial” .El Gobierno de Aragón iniciará acciones judiciales si Moncloa incentiva la vuelta a Catalunya de compañías que trasladaron su sede a esta comunidad autónoma a raíz del 1-O. El presidente aragonés, Jorge Azcón, dijo que unas 600 las firmas catalanas se fueron a Aragón por “las decisiones que tomó el Govern”.Entretanto, el expresident Carles Puigdemont acusó al Govern de presionar a Junts para votar los decretos. El secretario general de Junts, Jordi Turull, dijo que la reunión entre Sánchez y Puigdemont será antes de que se apruebe la amnistía.

El PP presentará alternativas si decaen los decretos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que no irá “al rescate” del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para evitar que decaigan sus reales decretos, pero anunció que su partido salvará algunas medidas, aquellas que comparta, en el caso de que el Ejecutivo no logre convalidarlas hoy. Lo anunció ante los barones de su partido, reunidos en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, aunque evitó anticipar qué medidas está dispuesto a salvar. Fuentes del partido señalan además que Moncloa sigue sin aceptar las rebajas fiscales que ha pedido Feijóo como condición para que el PP se abstenga en la votación de los decretos hoy en el Congreso. El líder de los populares también aseguró que los problemas de Sánchez para convalidar los tres decretos muestran “el hundimiento” de su mayoría de investidura. “Da la sensación que este Gobierno ha chocado contra su propio muro”, sostuvo.Por otra parte, Feijóo se mostró dispuesto a suavizar su propuesta de disolver partidos que promuevan declaraciones de independencia o un referéndum ilegal para ceñirla a casos “muy agravados”. El líder popular también admitió que existieron contactos “informales” con Junts tras las elecciones municipales. Señaló que pueden estar de acuerdo en política económica con los juntistas, pero que los ‘populares’ “no piensan negociar” con una formación liderada por un prófugo de la Justicia, en referencia a Carles Puigdemont.

Garamendi carga contra la iniciativa y la tilda de “comunista”

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, aseguró ayer que la propuesta de Junts de multar a empresas es “comunismo”, y afirmó que los empresarios no abandonaron Catalunya por voluntad propia, sino porque “los obligaron a salir”. Señaló que las sanciones serían la mejor forma de que no se creen empresas y zanjó que las firmas “tienen el derecho a instalarse y a invertir donde quieran”.Por su parte, Foment del Treball rechazó que el regreso de estas empresas a Catalunya “se tenga que basar en sanciones o incentivos”. Pimec también rechazó multar a las compañías, pero ve con buenos ojos incentivar el retorno de las sedes.

Podemos exige cambios en el subsidio por desempleo

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aseguró ayer que los cinco diputados de su formación no votarán a favor de dos del decreto anticrisis y la reforma del subsidio de desempleo si el PSOE no se abre a introducir cambios. “No podemos votar a favor de recortes”, afirmó, antes de sostener que la reforma del subsidio de desempleo del ministerio de Trabajo (Sumar) implicará que los que hayan cotizado 15 años con un salario medio pierdan cerca de 1.900 euros al año en su pensión. Con respecto al llamado ‘escudo social’, Belarra reclamó al PSOE limitar las subidas del alquiler al 2% y topar los márgenes de beneficio de las empresas que comercializan alimentos.