Nuevos documentos mostrarían que el gobierno Rajoy usaba a la policía para investigar al margen de la ley a partidos independentistas

Nueva documentación de una investigación de La Vanguardia, ElDiario.es y El Nacional ha revelado que el gobierno de Mariano Rajoy puso la cúpula de la policía española a su servicio y para investigar a partidos independentistas para intentar acabar con el 'procés'. Lo hizo durante cinco años, desde la Diada masiva de 2012 y hasta 2016, al margen de la ley, y utilizando recursos públicos. Los rotativos han aportado nuevos documentos, declaraciones y audios que han señalado que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dirigía la Operación Catalunya y hacía llegar a la Moncloa documentación delicada a través de escoltas. Este material se ponía en sobres en blanco, cerrados, sin asunto ni remitente ni destinatario.

Según la investigación de estos tres medios, todo contaba con la complicidad y la ayuda de los principales jefes de la policía española, como el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, que era el interlocutor directo del ministro. Paralelamente, Daniel de Alfonso, que entonces era director de la Oficina Antifraude de Catalunya, se encargó de recopilar todo tipo la información sobre el independentismo que también trasladó al ministerio para que el ejecutivo del Estado pudiera utilizarla.

En la mayoría de los casos estas eran investigaciones prospectivas, es decir motivadas por un objetivo político predeterminado, pero sin indicios, una práctica legalmente prohibida. De acuerdo con la investigación periodística, Fernández Díaz encargó a su jefe de gabinete, Francisco Martínez, hacer de enlace con el excomisario José Manuel Villarejo para recopilar esta información, y Martínez dio entonces la orden que cualquier dato relevante se entregara por escrito. Esta fue la vía de entrada de Villarejo con los mandos más altos de Interior y la manera como nacieron los renombres 'notas informativos'.

Los medios han detallado que estos escritos eran un resumen de informes anónimos elaborados por agentes de la policía española que se hicieron llegar a la prensa en páginas sin ningún tipo de cabecera ni firma y en que se hacía mención a supuestas ilegalidades de dirigentes nacionalistas catalanes o de personas de su entorno. Entre estos documentos figuraba una serie de cinco sobre el caso del Palau de la Música que anticipa el relato concretado en la Nota informativa enviada por Villarejo a la dirección de la Policía y al ministro.

Además, para acceder a los despachos más altos del PP el comisario habría dispuesto de otro atajo: el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la número dos del partido, María Dolores de Cospedal. Les fuentes consultadas por estos medios también han señalado que durante aquella época el ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro se mostró "muy activo" en todo aquello que tenía que ver con la investigación a dirigentes nacionalistas y han apuntado que algunas de las publicaciones de información confidencial sobre contribuyentes catalanes salieron de la cúpula de su ministerio.

Además, según los diarios el exministro del Interior tuvo un papel muy destacado porque había exigido estar siempre informado de todos los movimientos que hacía la cúpula policial y judicial. De hecho, los informes llegaban con regularidad a su despacho, a veces semanal, en otros periodos, quincenal, y el ministro consideraba el asunto del máximo interés.

Los documentos que se han hecho públicos este lunes están relacionados con la atribución a Artur Mas de cuentas en Liechtenstein; las cuentas en Andorra de la familia Pujol o el caso del informe falso sobre las cuentas de Xavier Trias en Suiza.