Ribera cuestiona al magistrado del Tsunami y pone en pie de guerra al Poder Judicial

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, afirmó ayer que las acciones del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón “tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles”, después de que este insistiera el jueves en que hay que investigar por terrorismo al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y en plena tramitación de la ley de amnistía. Estas declaraciones, secundadas por otros ministros como el de Transporte, Óscar Puente, que señaló que si bien el Gobierno tiene “mucho respeto por el Poder Judicial”, “hay algunas cosas, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención”, provocaron la ira entre los magistrados de la Audiencia Nacional, las asociaciones de jueces y la cúpula del Poder Judicial. También hubo un aluvión de críticas por parte de las filas del Partido Popular. De poco sirvió que desde Moncloa se intentaran suavizar las palabras de la también titular de Transición Ecológica reiterando que el Ejecutivo respeta la independencia judicial y la de los jueces y que siempre se han respetado las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no se compartan algunas de ellas. En este sentido, la titular de Defensa, Margarita Robles, dijo que los jueces son “independientes y realizan un gran trabajo”.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acusó a de deslealtad institucional a la vicepresidenta tercera por su acusación de parcialidad contra el instructor de la causa contra Tsunami Democràtic. En una declaración institucional aprobada por unanimidad el órgano de gobierno de los jueces consideró también que las declaraciones de Ribera son “contrarias al deber general de respeto a la independencia judicial”. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por su parte, consideró “absolutamente rechazables” sus palabras y negaron que el juez actúe con “una pretendida motivación política a modo de respuesta judicial al acuerdo de investidura entre los partidos PSOE y Junts y a la proposición de ley de amnistía”.Desde el PP pidieron apartar a la ministra por insinuar que Manuel García-Castellón es un juez prevaricador y anunciaron que la reprobarán en el pleno del Senado, donde tienen mayoría. Los populares lamentaron que “el sanchismo haya asumido el discurso independentista” y recordaron que no criticaban a este magistrado en el caso Kitchen o Púnica.

ERC y Junts reivindican la amnistía contra ataques judiciales

El expresident de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, acusó al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de “vulneración persistente del Estado de Derecho” después de que este insistiera en la tesis terrorista en la causa sobre Tsunami Democràtic. En un mensaje en la red social X sostuvo que el hecho de que siga haciendo de juez confirma que “el Estado español tiene problemas estructurales que no se arreglarán, porque son congénitos”. En este sentido, reivindicó la amnistía como una manera de “quitar unas cuantas garras” y que no excluya a los defensores de la independencia. En este mismo sentido se pronunció la portavoz de ERC, la leridana Marta Vilalta, que afirmó que “no es casual que, en paralelo a los trabajos que están llevando a cabo en relación a la ley de amnistía, el juez quiera “incriminar al por terrorismo solo por ejercer derechos fundamentales”.