El Supremo confirma que las devoluciones de menores a Marruecos en 2021 fueron ilegales

El Tribunal Supremo confirmó ayer que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021, llevada a cabo por la delegación de Gobierno, fue ilegal al considerar que las autoridades españolas actuaron con “absoluta inobservancia” de la ley de extranjería e incumplieron el convenio europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las “expulsiones colectivas de extranjeros”. Los magistrados desestiman así los recursos presentados por la delegación de Gobierno en Ceuta y del Gobierno de la ciudad autónoma contra la sentencia de un juzgado ceutí ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Abogacía del Estado alegó la semana pasada en una vista que las devoluciones tuvieron lugar en el marco de una “auténtica invasión” y que la actuación de España se amparó en el acuerdo firmado con Rabat en 2007, por lo que defendía que no se habían vulnerado los derechos de los menores.

La Sala de lo Contencioso Administrativo establece que esos retornos deben ajustarse a la legislación española y sus garantías y no puede basarse solo en el Acuerdo hispanomarroquí de vuelta concertada de menores. Asimismo, recuerda que las prescripciones de la ley de Extranjería exigen un procedimiento administrativo individual, información sobre la situación de cada afectado, audiencia del mismo si tiene madurez e intervención del fiscal, lo que no ocurrió en la expulsión de los ocho menores. El Tribunal señala en su sentencia que comprende perfectamente la gravedad de lo acaecido los días 17 y 18 de mayo de 2021 en Ceuta, cuando se produjo la entrada masiva e ilegal de unas 12.000 personas, de ellas unos 1.500 menores, y que ello supuso un extraordinario reto tanto para el Estado como para Ceuta. No obstante, subraya que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos al no seguir el protocolo marcado. En este sentido considera que no cabe justificar “una interpretación laxa de la legalidad, ni menos aún una dispensa de su cumplimiento, invocando circunstancias excepcionales”, como hizo la Abogacía.Tanto un juzgado de Ceuta como el TSJA dieron la razón a los menores y declararon que la administración había actuado por vía de hecho, por ello se condenó a la delegación del Gobierno a “adoptar las medidas necesarias” para conseguir “el retorno de los menores repatriados”.

La oposición pide explicaciones a Marlaska sobre las repatriaciones

El PP y Vox registraron ayer una petición en el Congreso para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se explique en el Congreso tras confirmar el Tribunal Supremo que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en 2021 fue ilegal. La pasada legislatura el ministro ya se pronunció sobre las devoluciones de los ocho menores a Marruecos reiterando que el retorno se había amparado, a petición del Gobierno de Ceuta, en un procedimiento firmado con Marruecos en 2007 y atendiendo al interés superior del menor. El año pasado, la Fiscalía denunció por prevaricación administrativa a la delegada del Gobierno español en Ceuta, Salvadora Mateos, y a la consejera de Presidencia del Gobierno de la ciudad autónoma, María Isabel Deu. Según la Fiscalía, ambas omitieron “de forma voluntaria y consciente” el procedimiento establecido en la ley de Extranjería.