Fiscalía carga contra el juez de Tsunami por sus “incongruencias” al acusar a Puigdemont

El fiscal de la Audiencia Nacional a cargo de la causa relativa a Tsunami Democràtic, Miguel Ángel Carballo, vuelve a criticar en un escrito la “falta de argumentos” del juez Manuel García-Castellón al atribuir el delito de terrorismo a Carles Puigdemont, Marta Rovira y el resto de imputados en el caso. Además, constata el “nulo avance de la investigación en este sentido”. También le reprocha que haya pedido al Tribunal Supremo que imputara al expresident sin haber investigado lo suficiente antes de dar este paso, decisión que tildó de “totalmente injustificada e inmotivada”. “Resultaba del todo incongruente acordar una serie de diligencias en el auto de inculpación de 6 de noviembre y, sin esperar a su resultado, precipitar la remisión de la exposición razonada al Supremo”, insiste.

En este sentido, el fiscal subraya que “hasta la fecha” el juez García-Castellón “ha llevado a cabo diligencias que no han incidido en absoluto ni han aportado dato nuevo alguno sobre la inculpación” de Puigdemont o el diputado de ERC Ruben Wagensberg. Y recalca que en el caso del expresident “ni siquiera la Guardia Civil” le ha atribuido ninguno de los hechos que se investigan en esta causa.Carballo, que no ve delito de terrorismo en las protestas impulsadas por Tsunami Democràtic y considera que la causa debe ser remitida a los juzgados de Catalunya, también afirma que García Castellón “confunde” en algunas de sus resoluciones “el fenómeno de Tsunami Democràtic con los CDR cuando se trata de entidades o actuaciones absolutamente diferentes”.El fiscal también acusa al juez de Tsunami de hacer “prolongaciones artificiosas” para dilatar la tramitación del recurso que la Fiscalía presentó contra el auto del magistrado que acordaba investigar a Puigdemont, Rovira y el resto de encausados. En el escrito la Fiscalía se adhiere a los recursos de dos investigados en contra de la decisión de García-Castellón de confirmar la exposición razonada en el Supremo.En otro orden de cosas, la defensa del exdirector de la oficina de Puigdemont Josep Alay, que ejerce Gonzalo Boye, envió un escrito al juez decano de Barcelona para preguntarle si autorizó la entrevista del magistrado Joaquín Agurre en la televisión pública alemana por esta causa, en la que se investiga la supuesta trama rusa del procés. Concretamente, Boye preguntó si se autorizó la entrevista y “si se recordó al magistrado la prohibición legal de hablar sobre procedimientos que él mismo está instruyendo”. Aguirre fue entrevistado el 30 de enero en una televisión alemana y sostuvo que Rusia apoyó el procés para “desestabilizar primero la democracia española y abriendo la puerta trasera a la infiltración en todas las democracias liberales de Europa occidental”.La consellera de Acción Exterior, la leridana Meritxell Serret, salió al paso del ‘caso Volhov’ y afirmó que “el Govern de Pere Aragonès no ha estado nunca en contacto ni con el Gobierno ruso ni con el entorno de Putin”.

Sabrià: “El rechazo de Junts a la amnistía deja a mil familias destrozadas”

El viceconseller de Estrategia, Sergi Sabrià, cargó ayer contra la decisión de Junts de no apoyar el martes el texto actual de la ley de amnistía en el Congreso. “El martes había 1.200 famílias pendientes y que están absolutamente destrozadas”, dijo, en referencia a los afectados por el procés que podrían beneficiarse de esta norma. Sabrià dijo que le parece “muy naíf” que Junts no previera que habría jueces dispuestos a “agujerear” la ley, y defendió que esta “puede ser robusta, pero no se puede blindar”. Por ello, abogó por sacar adelante la amnistía y, después, “luchar caso por caso”. También criticó a la presidenta de Junts, Laura Borràs, que el jueves dijo que prefiere el “riesgo” que la amnistía se considere no constitucional que dejar gente “abandonada”. “Todos queremos que la amnistía se aplique a todo el mundo del 1-O. Si usted ha fragmentado contratos, no le toca entrar”, espetó. En otro orden de cosas, varios medios apuntan que el Gobierno español habría ofrecido a Juts aprobar la ley de amnistía tal y como está para, posteriormente, abordar una modificación en el Código Penal del delito de terrorismo. El president del Govern, Pere Aragonès, se mostró contrario porque introduciría “más riesgo” y podría tener “consecuencias no previstas”. Dijo que “el problema no es el delito de terrorismo ni el redactado de la ley”, sino la ofensiva judicial que dijo que sufre el independentismo. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avisó que reformar el delito podría sacar a la calle a “centenares” de terroristas.

PP y Vox intentan impedir que la ley de amnistía se vuelva a votar

El PP y Vox defendieron ayer que la ley de amnistía debería haber decaído tras ser rechazada el martes por la mayoría del pleno del Congreso, y reclaman a la Cámara que reconsidere su decisión y no envíe de vuelta el texto a la Comisión de Justicia para seguir con su tramitación. Los populares solicitaron en un escrito a la Mesa del Congreso que “impida cualquier actuación tendente a reactivar o continuar” el procedimiento legislativo de la amnistía, por las “consecuencias irreparables y de extraordinaria trascendencia constitucional” que provocaría. Por su parte, Vox reclamó que se declare que la proposición de ley fue rechazada y dar por “terminado” el procedimiento legislativo.Entretanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, negó que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ejerza presión sobre los jueces con su opinión de que el independentismo catalán no cometió delitos de terrorismo durante el procés, tal y como aseguró el jueves el portavoz del PP, Borja Sémper.