Sánchez, dispuesto a recortar los plazos de instrucción para que Junts apoye la amnistía

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abrió ayer la puerta a modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar los plazos de instrucción judicial e intentar convencer a Junts de que vote a favor del actual texto de la ley de amnistía. Dijo que tiene “máxima disposición” al diálogo con los partidos, aunque recalcó que la proposición, tal como está redactada, cubre “todos los supuestos” del procés.

Sánchez recordó en una entrevista en La Sexta que hay instrucciones judiciales “que se prolongan y que los propios fiscales han puesto en cuestión”, en referencia a las últimas decisiones de los jueces de los casos Volhov y Tsunami Democràtic. En este contexto, sostuvo que “hay elementos de mejora que podemos incorporar” que “evidentemente pueden resolver algunas dudas que puedan tener estas formaciones políticas”.En cambio, el presidente español insistió en que el texto de la ley de amnistía que está en estos momentos en el Congreso ya es plenamente “constitucional” e incluye a todos los afectados por el procés. También volvió a decir que el terrorismo no tiene “nada que ver” con lo ocurrido durante el procés. También ratificó su rechazo a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya. “Es imposible e inviable hacer un referéndum de segregación, de secesión, de una parte del territorio de España”, zanjó.La portavoz de ERC Raquel Sans dijo que ven con buenos ojos la propuesta de acortar las investigaciones judiciales si sirve para garantizar que la amnistía “lo antes posible”. También avisó a Junts de que no habrá ninguna enmienda que pueda cubrir “las posibles ocurrencias futuras de cualquier juez que invente relatos”. Junts no se pronunció sobre las palabras de Sánchez. Sumar sí la apoyó para “desbloquear” la amnistía, y los comuns instaron a Junts a “votar a favor de la norma.La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acusó a Sánchez a estar dispuesto a acometer una “reforma a la carta” de la ley para que los independentistas no tengan “que rendir cuentas ante la Justicia”.En 2017, el PSOE rechazó acotar los plazos del periodo de instrucción y votó a favor de derogar una reforma anterior del PP. Esta fijaba plazos máximos de 6 meses para investigar procesos penales, ampliables en caso de investigaciones complejas.En otro orden de cosas, los letrados del Congreso rechazaron dar por decaída la ley de amnistía y apostaron devolver el texto a la Comisión de Justicia y dar un plazo de 15 días naturales, que acaba el 21 de febrero para aprobar un nuevo dictamen sobre el texto para que pueda pasar la pleno.

El PSOE votó a favor de una reforma impulsada por el PP para limitar los plazos de instrucción en 2017

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) condenó ayer “con toda firmeza” los ataques que el pasado martes expresaron contra varios jueces algunos diputados en el Congreso, a quienes reconoce su “inviolabilidad”, si bien les pidió evitar “descalificaciones” y respetar la independencia judicial. El órgano de gobierno de los jueces aprobó en un pleno extraordinario declaración institucional por unanimidad, en la que señaló que “debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial”. Y añadió que aunque las manifestaciones de los diputados “se encuentren especialmente protegidas por la inviolabilidad parlamentaria no le resta gravedad a su actuación”. Todo ello después de que diputados de partidos como ERC, Junts, Podemos o Sumar lanzaran la semana pasada reproches contra jueces, acusándoles de prevaricadores, en un momento marcado por las últimas novedades de los casos Volhov y Tsunami Democràtic. En este contexto, los vocales avisaron que “el respeto institucional debe presidir las relaciones entre todos los Poderes del Estado”. Por todo ello, reiteraron que “la independencia judicial es una pieza clave del Estado de Derecho” y “su defensa es imprescindible en el marco de los valores sobre los que se asienta la UE y su salvaguarda corresponde a todos los poderes del Estado”.

El pleno se celebró a petición de los nueve vocales conservadores, que censuraron los ataques de algunos diputados a jueces “ante la aquiescencia y mutismo” de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, si bien la declaración final no recoge ninguna alusión directa a Armengol.

El juez de Tsunami ordena localizar al diputado de ERC Wagensberg

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el caso Tsunami Democràtic, pidió ayer a la Guardia Civil localizar al diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg, que la semana pasada anunció que se había trasladado a Suiza para preparar su defensa y ante el “miedo” a una “detención arbitraria”. El magistrado argumentó que “una de las finalidades” de la investigación es “asegurar” la disponibilidad ante el juzgado de las personas afectadas.En otro orden de cosas, el fiscal del Tribunal Supremo (TS) Álvaro Redondo negó haber recibido “ninguna instrucción” del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación con el caso de Tsunami. Lo hizo después de haber emitido un informe en el que se opone a que el TS investigue a Puigdemont por terrorismo. Algunos medios relacionaron su giro a una reunión que Redondo habría tenido con García Ortiz.

Pere Aragonès aparca la mesa de partidos catalanes

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció ayer que ha decidido aparcar la mesa de diálogo entre partidos catalanes, en la que quería defender su propuesta de acuerdo de claridad. Justificó que ha detectado “maniobras cortoplacistas” de partidos de la oposición. Solo ERC y los comuns han apoyado abiertamente la propuesta de acuerdo de claridad. El portavoz de Junts, Josep Rius, dijo que esta idea, “más que aparcada”, está “muerta y enterrada”.