POLÍTICA PARLAMENT
Aragonès urge a aprobar los presupuestos para destinar más de mil millones a la sequía
Atribuye la falta de inversión a la herencia de “otros gobiernos” y pide a los partidos “dejar de lado los intereses de parte” y apoyar las cuentas
Mascort se abre a “flexibilizar” el régimen de sanciones
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, volvió a pedir ayer a los partidos que apoyen los presupuestos de la Generalitat, y anunció que estos prevén 1.045 millones de euros para combatir la “sequía más importante que se ha vivido”. En el marco del pleno monográfico sobre la crisis del agua y el cambio climático, Aragonès urgió a aprobar el presupuesto, y lamentó que ahora se están pagando “años de sequía de inversiones” y “falta de previsión”. Explicó que la partida contra la sequía incluirá la financiación de estructuras de regeneración y desalinización del agua, la mejora de la red de abastecimiento y la modernización de sistemas de riego.
El jefe del Executiu defendió que su Govern ha dado un “salto hacia adelante” en la transición energética “después de años en los que no había sido una prioridad”. Atribuyó la falta de inversiones para combatir la sequía a “una austeridad mal entendida de otros gobiernos”, y al endeudamiento de la Agència Catalana de l’Aigua. Añadió que Catalunya está “pagando las consecuencias de años de sequía de inversiones” y de decisiones como la privatización de Aigua Ter-Llobregat, que, dijo, “ha sido revertida”.El jefe del Executiu avisó que, si no llueve, vendrán “meses complejos”. Por ello, abogó por “trabajar conjuntamente” e instó al resto de partidos a “dejar de lado los intereses de parte” y centrarse en la “necesidad de construir consensos”. También prometió ofrecer “todo el apoyo” a los ayuntamientos y a los sectores más afectados.Por su parte, el conseller de Acción Climática, David Mascort, aseguró que el Govern ha trabajado de manera “planificada” y “quirúrgica” en la gestión de la sequía. Reivindicó las líneas de actuación e inversión previstas para aumentar la producción de agua mediante las desalinizadoras de Tordera y Foix o la recuperación y construcción de pozos. También remarcó las ayudas a ciertos sectores y municipios e insistió en que están trabajando para “flexibilizar”el régimen sancionador para que se tenga en cuenta “quién está haciendo los deberes y quién no”.La portavoz del Govern, Patrícia Plaja aseguró que la Generalitat no contempla redactar un nuevo Plan de sequía, pero sí modificar el existente para “adaptarlo a las necesidades actuales” y mejorar el ahorro de agua. Preguntada por la compra de desalinizadoras móviles por parte de los hoteleros de Lloret de Mar para llenar piscinas, Plaja apuntó que el Govern tendrá en cuenta las iniciativas que le hagan llegar los diferentes sectores y valorará si son o no oportunas. En cuanto a las restricciones, argumentó que el Executiu aplica “las mínimas imprescindibles por una cuestión de ahorro y economización” del agua, y señaló que la aplicación de medidas restrictivas “no es deseo del Executiu, pero es su responsabilidad”.
Junts y PSC exigen al Govern ‘un cambio de rumbo’ y le tienden la mano
Junts y el PSC se ofrecieron para “ayudar” al Govern en la lucha contra la sequía, pero exigieron a Pere Aragonès “un cambio de rumbo” y que “se ponga las pilas”. El líder del PSC, Salvador Illa, reclamó al Govern “actuar”, a la vez que insistió en reclamar al president del Executiu que habilite un espacio para coordinarse con los grupos parlamentarios. Por otra parte, acusó al conseller de Acción Climática, David Mascort, de “falta de humildad” y le recriminó que “ponga el dedo en la llaga y el dedo en el ojo” con críticas al Gobierno español. El presidente de Junts en la Cámara, Albert Batet, instó al Govern a “abandonar la confrontación para fomentar la cooperación”. Expresó “plena disposición para trabajar” y le reclamó convocar una cumbre con todos los partidos para buscar “soluciones de país” a la sequía. “No sirve ponerse de perfil y que la solución venga de Madrid”, advirtió. La líder de los comuns, Jéssica Albiach, reclamó aplicar restricciones de agua específicas para el turismo y financiar inversiones para hacer frente a la sequía. También criticó a los “retardistas” que “tienen un discurso verde y llevan el pin de la Agenda 2030, pero después proponen el Hard Rock, ampliar el aeropuerto de El Prat, los Juegos de Invierno y hacer más desalinizadoras solo para perpetuar el uso y abuso del agua”, en una referencia velada al PSC. También la diputada de la CUP Laia Estrada denunció que el Govern apueste por las desalinizadores y no aborde el “crecimiento ilimitado del turismo”.De su lado, PP, Vox y Cs acusaron al Govern de ir “tarde y mal” en la lucha contra la sequía.
La reserva hídrica cae al 15% en las cuencas internas a pesar de las lluvias
Las precipitaciones de la última semana han beneficiado a gran parte de los embalses y las reservas de agua en España, algo que no ha ocurrido en las cuencas internas de Catalunya. Concretamente, según datos del ministerio para la Transificón Ecológica, los niveles de agua en esta zona hidrográfica se sitúan en el 15%, con una disponibilidad de 104,24 hectómetros cúbicos de agua, frente al 15,3% y 106,34 hectómetros cúbicos de la semana pasada. En cambio, las cuencas de los tres ríos más importantes de España aumentaron su caudal unas décimas: la del Duero aumentó su capacidad hasta el 68,5%; la del Ebro, hasta el 65,1% y la del Tajo se elevó hasta el 70,1%.
Las cooperativas avisan que la crisis del agua amenaza al sector apícola
La Federació de Cooperatives Agrèries de Catalunya alertó ayer de que la sequía amenaza específicamente la supervivencia de las abejas y la producción de miel y agrava los efectos de competencia desleal de productos que vienen de fuera la UE, el aumento de costes o el incremento de burocracia. En este contexto, las cooperativas de la miel piden una simplificación de trámites en el registro de transporte de animales vivos y en la identificación de las colmenas. La Federació insistió en advertir de que la situación “es crítica” y el sector se ve afectado por la entrada de productos procedentes de terceros países, que cuentan “con estándares de calidad diferentes”.