JUSTICIA 'PROCÉS'
La teniente fiscal del TS rechaza investigar a Puigdemont por Tsunami y solo ve conjeturas
Acusa al magistrado instructor de basarse en elementos “sin base fáctica” y pide archivar el caso
Bolaños insiste en que no hubo terrorismo y Junts ve al juez “desautorizado” por la 'número 2' de la Fiscalía
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, concluyó ayer que no hay indicios suficientes para investigar por terrorismo al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al secretario cuarto de la Mesa del Parlamento, Ruben Wagensberg, por las protestas de Tsunami Democràtic. En su informe final sostuvo que el juez instructor de la causa, Manuel García-Castellón, “se limita a efectuar conjeturas carentes de base fáctica” al pedir al Supremo que investigue el caso.
Concretamente, la teniente fiscal señaló que “ninguno de los hechos que se señalan como indicios” permiten inferir la participación de Puigdemont en Tsunami. “Más bien al contrario, descartan esta intervención”, añade. Con respecto a Wagensberg, apuntó que este fue “consultado” sobre temas relacionados con comunicación o redes sociales para contribuir al lanzamiento de la plataforma. Con todo, Sánchez Conde consideró que esto no permite situarle en la cúpula de la organización, tal y como señalaban investigaciones policiales. Por ello, la teniente fiscal pidió el archivo de la causa y su devolución a la Audiencia Nacional para que finalice la investigación.Con este fallo, Sánchez Conde se desmarca del criterio mayoritario de la Junta de Fiscales del Supremo, que reclamó investigar por terrorismo a Puigdemont y Tsunami. El informe de la teniente fiscal del Supremo se elevará ahora a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, y el magistrado Juan Ramón Berdugo decidirá si admite o no el caso para investigar a Puigdemont.El ministro de Justicia, Félix Bolaños, respaldó la posición de Sánchez Conde y defendió que su informe confirma la posición “definitiva” del Tribunal Supremo sobre este caso. “No ha existido terrorismo”, añadió.La portavoz de Junts Mònica Sales calificó de “lógica” la decisión de la teniente fiscal, y aseguró que “desautoriza” a García-Castellón y “demuestra que es una instrucción política”. Además, insistió en defender que “la ley de amnistía debe tener garantías” e “incluir a todos” los afectados por el procés.La portavoz de ERC Raquel Sans celebró que “se impone el sentido común” en relación con el ‘caso Tsunami’ y urgió a Junts y al PSOE a desbloquear la amnistía, porque el “margen” para mejorarla es “limitado”.Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, remarcó que son “única y exclusivamente” los jueces quienes deben determinar si hubo o no terrorismo en Tsunami.
García-Castellón mintió a Francia para obtener datos
El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, reconoció en una conferecncia el pasado 5 de octubre que mintió a la Justicia francesa para lograr que esta le pasara información sobre ETA. El magistrado explicó que en 2003, cuando él era enlace con Francia para gestionar la lucha antiterrorista, dijo a las autoridades galas que el independentista corso Yvan Colonna, acusado de matar al prefecto de Córcega, estaba en España, pero no era cierto. Su objetivo, justificó, era convencer a la Justicia francesa para pactar un intercambio inmediato de información, que incluía datos sobre procedimientos abiertos contra miembros de ETA. Junts y ERC denunciaron ayer en el Congreso las “mentiras” de García-Castellón y reclamaron al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que “actúe”. La juntista Marta Madrenas, aseguró que las declaraciones “desbocadas” del magistrado dejan “en ridículo a la propia judicatura”, y el republicano Francesc-Marc Álvaro tildó las palabras de García-Castellón de “escándalo”. Bolaños mostró su “absoluta confianza” en la labor de los jueces y rechazó actuar contra el magistrado.
El PSOE amenaza con retirar la ley de amnistía si no se llega a un pacto
El PSOE está dispuesto a no llevar a votación la ley de amnistía si antes no alcanza un acuerdo con Junts que garantice que la norma tendrá luz verde en el Congreso, según indican fuentes socialistas. El plazo acaba el 7 de marzo y, si antes no se vota en la Comisión de Justicia de la Cámara, la iniciativa decaerá. Tanto en Ferraz como en Moncloa confían en que finalmente se llegará a un pacto para desbloquear la ley en el Congreso. Con todo, los socialistas tratan de pasar la presión a Junts señalando que no piensan moverse de su posición actual, porque consideran que el redactado actual de la norma incluye a todos los afectados por el procés y además es constitucional.
La Mesa rechaza reconsiderar la admisión de un texto sobre la DUI
La Mesa del Parlament rechazó ayer las peticiones de reconsideración presentadas por PSC, Vox, Cs y PP sobre la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada el 2 de febrero por Solidaritat Catalana per la Independència, que pide que la Cámara declare la independencia de Catalunya. Según fuentes parlamentarias, las peticiones se tumbaron con los votos en contra de ERC, Junts y la CUP y con los únicos votos a favor de los miembros de la Mesa del PSC, por lo que la ILP sigue su tramitación. Cs anunció que van a solicitar amparo al Tribunal Constitucional y acudirán a la Fiscalía por presunta prevaricación, desobediencia y malversación.