Clamor contra la “criminalización” del derecho de protesta en Tsunami

Un total de 144 entidades de la sociedad civil se unieron ayer para alertar que la investigación que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sigue por presunto terrorismo en el caso del Tsunami Democràtic “criminaliza el derecho a la protesta, limita los derechos fundamentales y silencia la disidencia política”. Así lo afirmaron en la plaza del Rey de Barcelona, donde leyeron un manifiesto en el que añadieron que la investigación tiene una “clara intención” de “desgastar al Gobierno estatal y la mayoría parlamentaria en la tramitación de la amnistía”. El texto, titulado Protestar no és terrorisme, cuenta también con el apoyo de más de 200 personas del mundo de la política, la cultura y el periodismo, como Jordi Évole o Jordi Basté.

Entretanto, la sala penal de la Audiencia Nacional rechazó recusar a García-Castellón en el ‘caso Tsunami’, como pedía Oleguer Serra, de Òmnium.En otro orden de cosas, el activista Dani Gallardo tiene tres días para entrar voluntariamente en prisión para cumplir la condena de cuatro años por haber participado en una manifestación contra la sentencia del 1-O en Madrid. Se convertirá en la primera persona que entra en prisión con una sentencia firme por esta causa.

El presidente del TSJC dice que la amnistía solo traerá “discordia”

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, criticó ayer la ley de amnistía, al considerar que no aportará “pacificación”, sino “discordia”. En el acto de promesa del cargo de los nuevos jueces de Catalunya, aseguró que “una ley que privilegia a unos pocos por delante del conjunto de la ciudadanía nunca podrá ser esgrimida como un elemento de pacificación, sino de discordia, como se evidencia en los debates académicos suscitados por la ley”.