Ábalos se aferra al acta de diputado tras el ultimátum del PSOE y pasará al Grupo Mixto

El exministro socialista José Luis Ábalos anunció ayer que mantendrá, contra la voluntad del PSOE, su acta como diputado en el grupo mixto en el Congreso, en una comparecencia sin preguntas en la que cargó contra su partido y defendió su inocencia en la presunta trama corrupta que afecta a su ex asesor Koldo García. Todo ello después de que el PSOE le diera el lunes un plazo de 24 horas para dejar su acta de diputado. “No estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso”, defendió Ábalos, que añadió que “si renunciara se interpretaría como un signo de culpabilidad y solo provocaría mi estigmatización no solo política sino personal”.

El exministro, que afirmó que “quiero defender mi condición de diputado hasta las últimas consecuencias”, lamentó que “me hubiera gustado hacerlo con el apoyo de mi partido”. Ábalos insistió en desvincularse de la trama que afecta a su exasesor, y mostró su “decepción” y “repudio” al respecto.La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE abrió expediente disciplinario al exministro y le suspendió cautelarmente de militancia tras su decisión de pasarse al Grupo Mixto. Entretanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió que la postura de Ábalos no es “coherente” con su carrera política y añadió que “un buen socialista no puede ir al Grupo Mixto”, sino que “debe tomar una decisión que esté a la altura de su trayectoria”.La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, defendió la legalidad de todos los contratos firmados por el Estado durante la pandemia, mientras que el PP denunció que este “no es el ‘caso Koldo’, no es el ‘caso Ábalos’, es el ‘caso Sánchez’”.

Anticorrupción envió a la Fiscalía Europea contratos del ‘caso Koldo’

La Fiscalía Anticorrupción envió el pasado 8 de junio a la Fiscalía Europea contratos del denominado ‘caso Koldo’ firmados con los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias por un importe de 15,3 millones de euros al entender que estos se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario. Fuentes cercanas a la investigación detallan que los contratos se suscribieron con las comunidades autónomas entonces presididas por el ministro Ángel Víctor Torres y la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Esta aseguró ayer que los contratos del Gobierno balear que ella presidía con la empresa vinculada a Koldo García fueron legales y, que en con todo caso, su Ejecutivo es un “afectado” de esa trama y en ningún caso cómplice de la misma.