JUSTICIA 'PROCÉS'
El Supremo se desmarca de Fiscalía y ordena investigar a Puigdemont por terrorismo
Dice que tenía el “liderazgo absoluto” de Tsunami Democràtic y encausa también a Wagensberg
La teniente fiscal del Alto Tribunal rechazó imputar al expresident al ver solo “conjeturas” en el caso
La sala penal del Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad declarar su competencia y abrir causa penal contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y el secretario cuarto de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, por presunto terrorismo por las protestas de Tsunami Democràtic. Tomó esta decisión después de que la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, concluyera la semana pasada que no hay indicios para investigar por terrorismo a Puigdemont. La ‘número dos’ de la Fiscalía sostuvo que el juez instructor de la causa, Manuel García-Castellón, “se limita a efectuar conjeturas carentes de base fáctica” al pedir al Supremo que investigue el caso.
Con todo, los magistrados consideran “necesario y pertinente” que Puigdemont y Wagensberg sean “llamados al procedimiento” en el Alto Tribunal “a fin de ser oídos como investigados”. La interlocutoria, firmada por los magistrados Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Eduardo de Porres y Carmen Lamela, designa como instructora del caso a Susana Polo, y rechaza la competencia para instruir la causa contra los otros diez investigados por el ‘caso Tsunami’. A diferencia de Puigdemont y Wagensberg, estos no son aforados.Los magistrados de la sala penal del Supremo consideran probado que Puigdemont participó en Tsunami Democràtic porque “estuvo informado desde el inicio de la constitución del grupo organizado para la subversión del orden constitucional”. Añaden que el expresident tenía el “liderazgo absoluto” y “la autoría intelectual” de la plataforma. De este modo, se alinean con las conclusiones de la Junta de Fiscales del Supremo, a la vez que difiere de lo sostenido por Sánchez Conde.Con respecto a Wagensberg, destacan que hay una “alta probabilidad” de que este redactara los comunicados de Tsunami bajo el seudónimo ‘Konan’. Detallan que este usuario participó en varias conversaciones para organizar acciones de la plataforma, como la protesta en el aeropuerto de El Prat.Sobre los hechos investigados, la sala trata de reforzar la tesis sobre terrorismo citando como ejemplo la jurisprudencia con respecto a la ‘kale borroka’ en el País Vasco. Establece que son “acciones con un diseño perfectamente trazado” por parte de “grupos que promulgan la violencia como método de participación política” y hacen actos que “pueden desencadenar consecuencias gravísimas”.La decisión de la sala penal del Supremo llega en plena negociación entre PSOE y Junts sobre la ley de amnistía. La Comisión de Justicia del Congreso debe emitir un dictamen sobre la misma antes del jueves.
El Supremo excluye de la causa a los 10 investigados restantes porque no tienen condición de aforados
El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont cargó ayer contra “el Matrix judicial español”, después de que la sala penal del Tribunal Supremo acordara por unanimidad abrir una causa penal para investigarle por presunto terrorismo. “El Matrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación”, ironizó a través de sus redes sociales. Puigdemont subrayó que su imputación se materializó el mismo día en el que el digital El Confidencial publicó que la empresa que organizaba las protestas de Tsunami le regaló “un Rolex de 7.000 euros”. El expresident, que desmintió esta información, sostuvo que “creo que ya solo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá”.
El portavoz de Junts, Josep Rius, acusó a la “judicatura española” de “poner en juego el Estado de derecho” en España y en Europa, así como “el respeto y el ejercicio de los derechos fundamentales” con las acusaciones de terrorismo. También denunció que el Tribunal Supremo “baja una vez más a la arena política para interferir en la voluntad del legislador”. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, acusó al Alto Tribunal español de “cruzar todos los límites imaginables” al abrir causa por terrorismo a Puigdemont y Ruben Wagensberg, a quienes mandó “todo el apoyo”. La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, sostuvo que las protestas de Tsunam “no fueron terrorismo”.La ANC afirmó que la causa es “una criminalización del derecho a la protesta propia de un organismo incompetente”. El presidente de Òmnium, el leridano Xavier Antich, criticó la “obsesión persecutoria del Estado hacia el independentismo”.Entretanto, el PP comunicó por carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, la investigación del Supremo.
“La protesta en El Prat no puso en peligro el tráfico aéreo”
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) rechaza que la protesta convocada por Tsunami Democràtic en el aeropuerto de El Prat por la sentencia del procés supusiera un “peligro” para el tráfico aéreo ni a los usuarios. Así lo detalla en una respuesta al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. La agencia detalla que no se formuló ninguna denuncia de particulares o de la Policía, y que la protesta supuso la cancelación de 115 vuelos.En otro orden de cosas, el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo acusó ayer a García-Castellón de incluir en la causa documentación no oficial de la Fiscalía del Supremo para sustentar su tesis de terrorismo contra Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira.