El juez interviene correos de altos cargos públicos por el 'caso Koldo'

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado a varias entidades dependientes de los ministerios de Transportes e Interior, como Puertos del Estado y Adif, que le entreguen todos “los buzones y carpetas” asociados al correo electrónico corporativo de una decena de altos cargos en el momento en el que se adjudicaron contratos de mascarillas a la trama investigada en el ‘caso Koldo’. Puertos del Estado y Adif adjudicaron contratos de mascarillas en marzo de 2020 por unos 20 millones de euros y 12,5 millones, respectivamente, a Soluciones de Gestión, la empresa que está en el centro de la trama. En concreto, Moreno ha pedido los archivos del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de 2020, cuando se produjeron las adjudicaciones bajo sospecha.

El magistrado también ordenó, a través de un auto del 19 de febrero, el bloqueo de 88 cuentas bancarias en las que los presuntos implicados en la red aparecen o bien como titulares o bien como autorizados o apoderados. Koldo García, el que fuera asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, figura en cinco cuentas bloqueadas.En el marco político, el PP centró sus ataques sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y exigió su “dimisión directa” por entender que el Govern balear que ella presidía durante la pandemia fue “conocedor y colaborador activo de una presunta estafa en la compra de mascarillas” vinculada al ‘caso Koldo’. El portavoz del PP Borja Sémper señaló que las sospechas sobre Armengol “son más que fundadas” y “su situación es insostenible”, por lo que no debería “llegar como presidenta del Congreso al próximo pleno”.Según consta en el sumario del caso, el Govern balear que presidía Armengol certificó en agosto de 2020 que la empresa del caso Koldo llevó a cabo “de manera satisfactoria” el suministro de mascarillas contratado en pandemia por 3,7 millones de euros, aunque tres años más tarde acabó reclamando dinero por haber recibido material de menor calidad que el contratado.La vicepresidenta del Gobierno y número dos PSOE, María Jesús Montero, defendió que Armengol siguió “escrupulosamente el procedimiento” y recordó que “el juez no cuestiona que los contratos fueron legales”, sino que investiga si “hubo personas que se aprovecharon de sacar rédito personal a costa de ‘mordidas’”.