JUSTICIA FINANZAS
La antigua cúpula del Banco Popular, a un paso de juicio
Por estafa y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016
El juez propone juzgar también a la consultora PwC
El expresidente del Banco Popular, Ángel Ron. - EUROPA PRESS
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propuso ayer juzgar al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a otros doce directivos y a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron “engañados”, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”.
Además de a Ron y PwC, Calama propuso sentar en el banquillo al exvicepresidente de la entidad Roberto Higuera, al ex consejero delegado del banco Francisco Gómez, y a socios auditores de la consultora. También a siete exdirectivos del banco, entre ellos Antonio Pujol, que se incorporó a Banco Popular en 1977 en la oficina principal de Lleida. En cambio, acordó el archivo provisional para el expresidente del banco Emilio Saracho al no haber tenido ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable. De hecho, según Calama, este tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco. El magistrado considera acreditado que el 25 de mayo de 2016, el Consejo de Administración de Banco Popular, presidido por Ron, decidió ejecutar el aumento de capital acordado en la Junta General de Accionistas de 11 de abril. La resolución señala que la Comisión de Auditoría emitió informe favorable a la ampliación, sin contar con ningún estudio detallado por escrito que pudiera ser objeto de debate. En esa reunión estuvieron presentes los auditores externos PwC, que no advirtieron a los miembros de dicha comisión de ningún problema en las cuentas del Popular de cara a la ampliación de capital.En este sentido, Calama sostiene que las cuentas anuales consolidadas del Banco Popular de 2015 y los estados financieros del primer trimestre de 2016 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio de la compañía. Esas cuentas, señala el juez, ocultaban un importante déficit de provisiones y declaraban unos beneficios inexistentes.
