Sánchez llevará ante la ONU y la UE las normas de memoria de PP y Vox

El Gobierno de Pedro Sánchez llevará las leyes sobre memoria histórica que preparan los gobierno de PP y Vox en Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León ante las Naciones Unidas, al Parlamento europeo y al Consejo de Europa, al considerar que son contrarias a los valores recogidos en la ley de memoria democrática aprobada la pasada legislatura e impulsada por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

En concreto, el Ejecutivo central tiene intención de elevar esta cuestión ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, ante el Parlamento Europeo y también ante el Consejo de Europa, por su “gravedad”. El Gobierno, ya anunció a principios de esta semana que también recurrirá las diferentes normativas ante el Tribunal Constitucional si estos territorios no retiran los puntos de las iniciativas que, a su juicio, vulneran el espíritu de la normativa a nivel estatal.Ante la ONU su intención es recurrir a ambos relatores para que evalúen la conformidad de estas medidas “con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos”. En la UE, invocarán “la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos” y además promoverán un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria de Consejo de Europa “para analizar la derogación de las leyes de memoria autonómicas”.El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, informó que ya ha dado instrucciones para trasladar esta cuestión ante la ONU.Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó ayer por sorpresa el laboratorio forense en el Valle de Cuelgamuros para conocer de primera manos los trabajos del equipo forense que trabaja en la exhumación de 160 víctimas “cuyos restos han sido reclamados por sus familiares y que se encuentran en las criptas”, indicó el Ejecutivo. La visita no figuraba en la agenda oficial del Gobierno y fue recibida con indignación por las familias de los allí enterrados, puesto que a ellas “no se les ha permitido nunca acceder”.