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El Constitucional impide la iniciativa para declarar la independencia

En el Parlament, y el Govern avisa que “coartar” el debate no es “una solución”

La mesa del Parlament reunida el passat 27 de febrer.

La Mesa del Parlament reunida el pasado 27 de febrero. - EUROPA PRESS

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El Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer por unanimidad y a petición del Gobierno español la iniciativa legislativa popular (ILP) que el Parlament admitió a trámite el 20 de febrero y que pide declarar la independencia de Catalunya. El Pleno del tribunal de garantías dictó una providencia en la que admite a trámite el recurso del Ejecutivo español, lo que supone la paralización inmediata de la iniciativa legislativa. Aunque todos los magistrados estuvieron de acuerdo en la admisión, fuentes jurídicas precisan que fue un debate “intenso” que giró en torno a cuestiones técnicas y que hubo discrepancia en cuanto a los argumentos, porque había “distintos motivos” a la hora de justificar la decisión. En este caso, los magistrados valoraron que no se trata de un recurso de inconstitucionalidad contra una ley, sino contra una propuesta en trámite parlamentario. El último precedente fue la admisión a trámite por la mesa del Parlamento del País Vasco del llamado plan Ibarretxe (o el Estatuto Político de Euskadi, que contemplaba el derecho de autodeterminación), que el Gobierno de José María Aznar recurrió. El TC rechazó su suspensión argumentando que aún se trataba de un trámite parlamentario.

La Mesa del Parlament admitió a trámite en febrero la iniciativa sobre la independencia de Catalunya, promovida por Solidaritat Catalana per la Independència, con los votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de ERC y el rehazo del PSC y a pesar del informe consultivo negativo de un letrado de la Cámara.El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se congratuló ayer de la decisión del Constitucional, mientras que la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, denunció que recurrir iniciativas para “coartar” el debate “nunca será una buena solución”. Achacó el recurso del Gobierno español a un “interés electoral” y lamentó que “han aprendido poco o nada”.

En otro orden de cosas, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dio ayer un plazo de 24 horas a los 10 investigados en la causa de Tsunami Democràtic para que faciliten sus direcciones para que les pueda citar a declarar.

Seis vocales se rebelan contra el fiscal general por la amnistía

Seis vocales de la conservadora Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal se enfrentaron ayer al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por negarse a elaborar un informe sobre la amnistía, y redactaron un borrador en el que tachan la ley de “manifiestamente inconstitucional”. Lamentaron que se han dirigido a García Ortiz hasta en tres ocasiones para hacer un informe sobre la ley, como ha pedido el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. En el texto, denuncian que la supuesta inconstitucionalidad de la norma “se ve aún más acentuada si la decisión de amnistiar a determinadas personas no obedece a un ideal de Justicia, sino a una razón de confesada necesidad coyuntural para hacer realidad una investidura”. Los vocales piden que el debate de su informe se incluya en el pleno del día 25.

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