Choque inédito por la ley de amnistía

El pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, votó ayer a favor de plantear un conflicto de atribuciones al Congreso, algo que nunca había sucedido, y reclamó a la Cámara Baja que retire la proposición de ley de amnistía, al entender que es una “reforma constitucional encubierta”. Los populares sumaron el apoyo de Vox para elevar este choque institucional al Congreso. PSOE, ERC y Junts votaron contra la iniciativa, y la senadora de UPN fue la única en abstenerse.

Este conflicto institucional llegará hoy al Congreso, que tiene 30 días para responder. A partir de ahí, corresponde al Senado decidir si acude al Tribunal Constitucional o no. Los populares admitieron que tienen dudas acerca del momento en que plantear el conflicto al tribunal de garantías. “A lo mejor por tiempos políticos nos interesa hacerlo después, cuando la ley esté aprobada”, reconocieron.ERC y Junts acusaron al PP de hacer un “uso partidista” del Senado, y el PSOE comparó el conflicto institucional con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.Por la mañana, en el Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, reclamó centrar la campaña de las elecciones catalanas en Catalunya y “no sobre lo que le pasará a una persona”, en referencia al anuncio de Carles Puigdemont, que prevé dejar la “política activa” si no vuelve a presidir el Govern. “Para eso que alguien se ponga una serie de Netflix”, dijo.El presidente español, Pedro Sánchez, admitió que la ejecución de la inversión del Estado en Catalunya es “insuficiente”, a la vez que acusó a Junts de “hacer trampas” con las cifras. Respondió así a la portavoz de los juntistas, Miriam Nogueras, que había denunciado que los presupuestos españoles vigentes son “injustos” con Catalunya.Entretanto, el diputado de Junts por Lleida Isidre Gavín reclamó al Gobierno español el traspaso del servicio de los trenes Avant de media distancia a la Generalitat, a lo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, respondió calificándolo de “populista” y pidiendo dejar las infraestructuras fuera de la campaña electoral en Catalunya y de las reivindicaciones independentistas.