Los letrados del Congreso rechazan que se retire la ley de amnistía

Los letrados del Congreso han elaborado un informe, que hoy votará la Mesa, en el que rechazan la petición del Senado –donde el PP tiene mayoría absoluta– de retirar y anular la tramitación de la ley de amnistía. La Cámara Alta impulsó esta iniciativa al considerar que el anteproyecto de la norma es una “reforma encubierta de la Constitución”, pero los letrados consideran que el Congreso actuó “en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus atribuciones” y acusa al Senado de pretender “asumir funciones de fiscalización de su funcionamiento interno” que solo corresponden al Tribunal Constitucional. En este sentido, pide a los senadores que “desistan” de mantener el conflicto institucional planteado advirtiendo no puede utilizar este conflicto de competencias para paralizar el proyecto de ley y saltarse su obligación de tramitar la norma. Advierte que esto “supondría un artificio para evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar al Congreso”. Apoyándose en sentencias del TC, los servicios jurídicos recalcan que las votaciones que se producen en la Cámara en el marco del procedimiento legislativo “no son objeto idóneo” de un conflicto de atribuciones, y que si el Senado entiende que la usurpación de sus competencias se produjo cuando la Mesa del Congreso admitió a trámite en noviembre la controvertida proposición de ley del PSOE, debió haber presentado entonces ese conflicto. Asimismo, afirma que detener una iniciativa de esta forma, según el TC, limitaría los derechos a la participación política y supondría una “lesión” a los derechos de todos los diputados.Por tanto, según el informe de los letrados, aplicar el criterio del Senado supondría “ignorar el derecho de los parlamentarios, tanto diputados como senadores, a la tramitación de las iniciativas por las vías constitucionales y reglamentariamente establecidas, y a su aprobación por las mayorías requeridas en cada caso”. Por tanto, según los letrados, “el Congreso ha ejercido sus atribuciones en los términos constitucionales y reglamentarios establecidos”, y una vez se aprobó el texto en pleno, le toca al Senado “seguir con su tramitación en los términos establecidos”.