La Mesa del Congreso rechaza la petición del Senado de detener la tramitación de la ley de amnistía

La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado este martes –con los votos de la mayoría conformada por PSOE y de Sumar y el 'no' de PP y Vox- rechazar la petición del Senado –controlado por el PP- de detener la tramitación de la ley de amnistía. La Mesa lo ha hecho en base a un informe de los letrados muy contundente que acusa a la cámara alta de pretender una "clara injerencia" en la autonomía parlamentaria. El documento, de 14 páginas, afirma que el Senado pretende "asumir funciones de fiscalización del funcionamiento interno" del Congreso.

El vicesecretario de la Mesa Alfonso Gómez de Celis ha asegurado que la Mesa ha adoptado esta decisión porque todos los pasos que se han dado al pleno sobre la ley de amnistía "tienen presunción de constitucionalidad", y "sólo el TC es competente para dirimir si alguno de los pasos no cumple la Constitución". "No hay ningún otro órgano competente para decirlo", ha recordado.

Gómez de Celis: "Es una deslealtad institucional sin precedentes"

"Nos ha llamado mucho la atención el intento del Senado de convertirse en un Tribunal Constitucional planteando dudas de constitucionalidad", ha afirmado Gómez de Celis, que ha asegurado que al fin y al cabo "es una deslealtad institucional sin precedentes" que "no podemos admitir desde el punto de vista político".

"El PP es un partido antisistema"

En este sentido, Gómez de Celis ha acusado al PP de ser "un partido antisistema". "es capaz de romper todas las lealtades institucionales y de convertir el Senado en una cámara de simple oposición al Congreso", un hecho "muy triste para la democracia".

Según Gómez de Celis, el Senado sí que puede ir al Tribunal Constitucional contra la ley, pero después del "tiro por la culata" que supuso la petición del informe de la Comisión de Venecia, "entiendo que se lo piensen".

La Mesa rechaza de esta manera el conflicto de competencias inédito planteado por la cámara alta, que sostenía que había que tramitar la ley de amnistía como una reforma constitucional y pedía al Congreso que hiciera marcha atrás en las decisiones que ya han sido adoptadas por el pleno del Congreso.

El Congreso se ampara en un informe de los letrados que defiende que siempre "ha actuado en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus competencias" y ha seguido los procedimientos establecidos a la hora de tramitar la proposición de ley que se aprobó en la cámara baja el 14 de marzo.

Parar una iniciativa de esta manera, según el TC limitaría los derechos a la participación política y supondría una "lesión" a los derechos de todos los diputados. En más –recuerdan los letrados- el mismo TC dejó escrito que la constitucionalidad de un texto "sólo se puede determinar, como es natural, una vez alcanzada la condición de norma."

Por lo tanto, según el informe de los letrados, aplicar el criterio del Senado supondría "ignorar el derecho de los parlamentarios, tanto diputados como senadores, a la tramitación de las iniciativas por las vías constitucionales y reglamentariamente establecidas, y a su aprobación por las mayorías requeridas en cada caso".

Los letrados también rechazan las denuncias del Senado sobre supuestos "vicios formales" en la tramitación de la proposición de ley. Según el informe, las alegaciones del PP sólo buscan argumentos para un recurso de inconstitucionalidad "encubierto y extemporáneo".

"Estas alegaciones implican una clara injerencia del principio de autonomía parlamentaria en su vertiente reglamentaria", porque la función de controlar cómo se ha aplicado el reglamento del Congreso "corresponde, en todo caso, al Tribunal Constitucional", y el Senado "no puede asumir funciones de fiscalización del funcionamiento interno de otros órganos constitucionales".

En todo caso, los letrados defienden que la Mesa del Congreso ha actuado siempre en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo con la legalidad. También cuándo aprobó que la ley se tramitara por el procedimiento de urgencia, cuándo amplió el plazo de que disponía la comisión de Justicia para aprobar el dictamen o cuándo sometió a votación nuevas enmiendas pactadas entre el PSOE, ERC y Junts.

Por lo tanto, según los letrados, "el Congreso ha ejercido sus atribuciones en los terminas constitucionales y reglamentarios establecidos", y una vez se aprobó el texto en pleno, le toca al Senado "continuar con su tramitación en los términos establecidos".