La Mesa del Congreso defiende la ley de amnistía frente al Senado

La Mesa del Congreso de los Diputados acordó ayer, con los votos de la mayoría conformada por PSOE y de Sumar y el ‘no’ de PP y Vox, rechazar la petición del Senado –controlado por los populares– de detener la tramitación de la ley de amnistía.

La Mesa de la Cámara Baja lo hizo en base a un informe de los letrados muy contundente que acusa al Senado de pretender una “clara injerencia” en la autonomía parlamentaria. El documento, de 14 páginas, afirma que el Senado pretende “asumir funciones de fiscalización del funcionamiento interno” del Congreso.El vicesecretario de la Mesa, Alfonso Gómez de Celis, que acusó a los populares de “antisistema”, aseguró que la Mesa ha adoptado esta decisión porque todos los pasos que se han dado en el pleno sobre la ley de amnistía “tienen presunción de constitucionalidad”, y “solo el Tribunal Constitucional es competente para dirimir si alguno de los pasos no cumple la Constitución”. “No hay ningún otro órgano competente para decirlo”, recordó. Mientras, el presidente del Senado, Pedro Rollán, redobló el enfrentamiento con el Congreso y sostuvo en una nota que la Mesa del Congreso “no tiene competencia para contestar al conflicto planteado por el pleno del Senado”, porque a su criterio quien debe decidir si el Congreso retira, o no, la ley de amnistía “es el pleno de la cámara baja, y por tanto, la Mesa no es competente para responder usurpando” esta función “a todos los diputados”.Por otra parte, las primeras comparecencias de expertos para analizar en el Senado la ley de amnistía a los encausados del procés han evidenciado la división del mundo jurídico en torno a la norma. Así, los catedráticos de Derecho Penal de la Universidad Complutense, Enrique Gimbernat, y de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Cancio, mostraron posicionamientos opuestos sobre puntos como la constitucionalidad o la justificación de la ley. Estas intervenciones, celebradas en la comisión Constitucional y de Justicia de la cámara alta a petición del PP y ERC, respectivamente, también mostraron la disparidad de posiciones sobre elementos como su validez en el contexto internacional.Gimbernat, que fue el primero en intervenir en la comisión Constitucional y de Justicia, afirmó con rotundidad que la amnistía es claramente inconstitucional. “Corresponde al rey ejercer el derecho de gracia siguiendo la ley, y no podrá autorizar a indultos generales. De ahí se deriva mi opinión”, dijo. En este sentido, dijo que si los indultos generales están prohibidos en la Carta Magna, más lo está todavía la amnistía, que tiene un carácter más amplio jurídicamente. Cancio, propuesto por ERC para defender la ley de amnistía en el Senado, argumentó por su parte que la norma es viable y legal. “En abstracto, y sin considerar sus contenidos, es perfectamente constitucional”, aseguró. Además, consideró “llamativo” que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón “despertara” la causa de Tsunami Democràtic cuando comenzó a tramitarse esta medida pactada entre el PSOE y las formaciones independentistas.

Fiscalía reclama 3,1 millones a Puigdemont

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha mantenido su petición de 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria al expresident Carles Puigdemont y otros 34 excargos de la Generalitat por su presunta responsabilidad contable por el supuesto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la acción exterior del Govern. El fiscal Manuel Martín-Granizo se pronuncia así en un escrito de conclusiones, después de que la consejera del departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, le diera un plazo de 10 días para que presentara su postura. El fiscal insiste en que “el menoscabo es real y efectivo” y “se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio”. Defiende que está “acreditado” que “fueron los actos desplegados por los demandados los que dieron lugar a la producción del perjuicio (...) sin que exista ninguna duda acerca de que los daños resultan objetivamente imputables a su conducta”. Considera pertinente mantener su reclamación de 3,1 millones de euros: 883.695 euros por los gastos de referéndum y 2.209.503 euros por los gastos de acción exterior. Reclama dicho importe de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones.