El PP reprueba al fiscal general y este recusa a 4 jueces del Supremo

El pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, reprobó ayer al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y exigió al Gobierno español que le cese de “inmediato” por sus “incumplimientos graves y reiterados” y por su “indignidad” y “servilismo descarado” al Ejecutivo central. La moción, presentada por el PP, salió adelante con los 144 votos a favor de los populares y Vox, 97 en contra del PSOE e Izquierda Confederal (integrada por partidos como Compromís, Geroa Bai y Más Madrid), y la abstención de ERC, Junts, PNV y Bildu.

El texto insta al Gobierno español a proponer la destitución del fiscal general ante “el incumplimiento de sus funciones y a la designación de uno nuevo”. El Tribunal Supremo acordó el martes anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y ordenó que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si es o no compatible que asuma el cargo al ser la pareja del ex juez Baltasar Garzón, que dirige una fundación de Derechos Humanos. La senadora del PP María Asunción Mayo señaló que García Ortiz ha incurrido en “incumplimientos graves y reiterados”, además de mostrar un “servilismo descarado” hacia el Gobierno español. Reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, para “recuperar el prestigio de las instituciones”, cese ya al fiscal general. “Y mejor aún, que aproveche para evaluar su propia idoneidad y cese el Gobierno entero, que están fiscal general y Gobierno al mismo nivel de descrédito”, remachó. De su lado, el senador socialista José María Oleaga defendió al fiscal general del Estado y acusó al PP de arremeter contra la Justicia “siempre que están acorralados por la corrupción”.La Unión Progresista de Fiscales (UPF) tachó la reprobación del pleno de la Cámara Alta a García Ortiz de “gravísimo e intolerable ataque” a la autonomía del Ministerio Público.Entretanto, el fiscal general del Estado pidió apartar a cuatro de los cinco jueces del Tribunal Supremo que tienen que decidir sobre su continuidad al frente del Ministerio Público, al considerar que podrían no ser objetivos. Se trata de los mismos jueces que anularon los dos nombramientos de Delgado, en uno de ellos acusándole de “desviación de poder” por haberla propuesto como fiscal togada.