El fiscal general reivindica su “derecho” a defenderse y descarta su dimisión

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, justificó ayer la recusación que ha solicitado de cuatro magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir si continúa o no en el cargo alegando que “es más sano” que “otros ojos” examinen la alegación y no lo hagan quienes le han acusado de haber incurrido en una desviación de poder. Además, reivindicó su “legítimo derecho” a defenderse. Insistió en que los cuatro magistrados que pide apartar son los mismos que esta semana han acordado anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Preguntado sobre la politización de la justicia, García Ortiz dijo que, si bien no cree que se pueda decir que haya “complicidad” entre la judicatura y partidos políticos, sí hay una “identidad de objetivos” dentro de las asociaciones judiciales con “determinados partidos políticos”.