¿La legislatura del referéndum?

La campaña se ha basado en un relato contradictorio. Por un lado, el PSC quiere acabar con lo que se ha conocido con el nombre de procés, que considera una década perdida; por otro, ERC y Junts afirman que la próxima legislatura será la del referéndum pactado. En torno a estos dos polos opuestos se mueven de forma dispar el resto de formaciones políticas. La sensación es que todo dependerá de la aritmética necesaria para formar el gobierno catalán y sus posibles repercusiones en el ejecutivo central. 

Esta es la razón por la que antes de la última investidura de Pedro Sánchez se acordó aprobar una amnistía que siempre había sido rechazada de forma tajante por el PSOE. La operación se podría repetir con el referéndum pactado, siempre en función de las necesidades que provoque la aritmética parlamentaria tras los comicios del domingo. ¿Qué piensan al respecto empresarios, sindicatos y sociedad civil? Un poco de todo, con dos denominadores comunes: la precaución ante el panorama político que salga de las elecciones y la necesidad de mejorar la financiación de Catalunya. Esta última cuestión la tienen clara en la Cambra de Comerç de Lleida. “En eso no hay ninguna duda”, explica su presidente, Jaume Saltó. Sobre el ejercicio del derecho de autoderterminación, la Cambra no se pronuncia porque es un tema político en el que hay socios que están a favor y otros que están en contra, pero la exigencia de una mejora en el sistema de financiación de Catalunya es un clamor entre los empresarios de Lleida. De la importancia de la financiación habla también José Luis Aguilá, secretario general de UGT en Lleida. “Este es un melón que intentrarán noabrir porque si lo abren seguro que tendrán algo que decir en Andalucía, o la Comunidad Valenciana, o Baleares”. Respecto a si esta será la legislatura del referèndum, Aguilá piensa que todo dependerá de los resultados del domingo y, sobre todo, de los possibles pactos poselectorales. “Todo está en el aire”, dice Aguilá, “incluida la posibilidad de que se tengan que celebrar unos nuevos comicios en octubre”. Para el sindicalis-ta, “si el PSC gana con holgura, este asunto se ha acabado. Si no es así, todo dependerá de las alianzas que se hagan”. 

Según Cristina Rodríguez, su homóloga en CCOO, la nueva financiación está pendiente desde el año 2014, y también para ella tendrá previsiblemente consecuencias en el resto de comunidades del Estado. Respecto al derecho de autodeterminación, “la posición de CCOO es clara: hay que celebrar un referéndum pactado con el Estado. Preguntar a la gente es básico. Luego, en función del resultado, ya se verá cómo se actúa”. Rodríguez coincide en que los avances que puedan producirse en este sentido en la próxima legislatura dependerán en buena medida de los resultados electorales del domingo. 

Desde la sociedad civil, el asunto no ha sido tratado por una entidad como el Ateneu Popular de Ponent, pero su presidenta, Carmina Pardo, piensa a nivel personal que esta debería ser la legislatura de un referéndum pactado. “Soy soberanista y pienso que la solución pasa por una consulta”. Cosme García, presidente de la Ferderación de Casas Regionales en Lleida y vicepresidente de la Federación a nivel estatal, es partidario de mejorar la financiación “siempre que ello no comporte enfrentamientos entre comunidades. 

La sardana se baila uniendo las manos. Eso es lo que tienen que hacer las comunidades, unir las manos a partir del diálogo y la colaboración. Con Aragón, por ejemplo, tenemos muchas cosas en común”. García no se pronuncia sobre la posibilidad de que se celebre un referéndum pactado, “ya que esta es una cuestión política en la que, como presidente de la Federación de Casas Regionales, no debo pronunciarme, y tampoco como periodista, que es mi profesión. En las casas hay socios con distintas sensibilidades y hay que respetarlo”. Las urnas nos sacarán un poco de dudas el domingo. Y los pactos poselectorales probablemente mucho más.