El Senado veta la amnistía, paso previo a su aprobación definitiva

El pleno del Senado aprobó ayer el veto del PP a la proposición de ley de la amnistía, que ahora deberá volver al Congreso para recibir la luz verde definitiva y entrar en vigor. Como era previsible, dada la mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta, el veto salió adelante con 149 votos a favor y 113 en contra tras un debate sin sorpresas en el que PP, Vox y UPN cargaron contra la norma, que consideran inconstitucional y el pago de Pedro Sánchez a los independentistas para seguir en la Moncloa, mientras que el resto de formaciones, con el PSOE a la cabeza, la defendieron como una apuesta por la convivencia y la normalización política en Catalunya. ERC y Junts, no obstante, avisaron que la amnistía no pone fin a sus reivindicaciones y que el siguiente paso es el referéndum.

Paralelamente, el PP decidió retirar del Senado el conflicto de competencias que abrió hace un mes contra el Congreso por la norma, descartando así elevarlo finalmente al Tribunal Constitucional. La retirada de este procedimiento, que se votará mañana en un pleno extraordinario, era la única vía por la que los populares podían intentar frenar aún más la ley. No obstante, esta opción podría haberse convertido en un revés para ellos, ya que el Constitucional, ahora de mayoría progresista, seguramente no hubiera tomado ningún tipo de medida cautelar para frenar la aprobación de la normativa. Además, al ser una ley que aún está en el aire no pude pronunciarse sobre si es o no constitucional. Por ahora, se desconoce la fecha en la que la amnistía volverá al Congreso para ser aprobada definitivamente, aunque se estima que será entre finales de mayo y mediados de junio. El calendario podría depender de las negociaciones para formar Govern y el anuncio de que Carles Puigdemont se presentará a la investidura podrían influir en el cronograma. El procedimiento coincidirá, además, con las elecciones europeas y el inicio de su campaña electoral, lo que también podría alargarlo. Y es que, aunque todo parece indicar que la votación podría llevarse a cabo el 30 de mayo o el 13 de junio, la normativa da un plazo máximo de dos meses, siendo el límite el 14 de julio.