POLÍTICA JUSTICIA
El Govern pide a los jueces aplicarse su “medicina” y respetar la amnistía
Augura “impedimentos” por parte de la justicia y el PP estudia ya vías para intentar tumbar la ley
ERC, Junts y Sumar exigen a Sánchez actuar contra el 'lawfare'
La portavoz del Govern en funciones, Patrícia Plaja, advirtió ayer que los jueces tendrán que aplicar la ley de amnistía, cuya aprobación está prevista mañana en el Congreso, a la vez que ERC auguró “impedimentos” por parte de la justicia española y el PP estudia todas las vías para tumbar la norma, incluido el recurso ante el Tribunal Constitucional. “Desde antes del 2017 decían que la ley está para cumplirse. Ahora se tendrán que aplicar la misma medicina”, afirmó Plaja, que vaticinó que en las próximas semanas saldrán manuales y estrategias en contra de la aplicación de la ley de amnistía.
La candidata de ERC a las elecciones europeas, Diana Riba, exigió la aplicación “inmediata” de la ley una vez entre en vigor tras su aprobación, y reivindicó la apuesta de su partido por esta ley, frente a las posturas iniciales de PSOE y Junts. Al igual que Plaja, auguró que la justicia pondrá “impedimentos” para su aplicación, lo que dará lugar a “otra gran batalla”.En este contexto, el cabeza de lista de Comuns Sumar a los comicios europeos, Jaume Asens, advirtió a los jueces de que, si se niegan a aplicar la amnistía y no levantan las medidas cautelares sobre los encausados por el procés, podrían estar cometiendo un delito de “prevaricación”.De su lado, el PP da por hecho que la ley quedará aprobada mañana a pesar de haber pedido la retirada de la norma, y ya está estudiando todas las vías para tumbarla, incluido el recurso ante el Tribunal Constitucional. El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, avisó que actuarán según los plazos y tiempos que “más convengan” a su estrategia política.Entretanto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, señaló que será el Consejo General del Poder Judicial quien determine si la difusión entre jueces, a través del correo corporativo de este órgano, de una guía para evitar la aplicación de la norma supone una intromisión en la independencia del poder judicial.En otro orden de cosas, ERC, Junts y Sumar retaron ayer al presidente español, Pedro Sánchez, a actuar contra el lawfare (o guerra judicial) y en favor de la regeneración democrática para que sus cinco días de parón el pasado mes de abril no queden en un mero “teatro”.