La amnistía llega a su examen definitivo

El Congreso aprobará hoy definitivamente la ley de amnistía, un texto que ha superado cinco meses en las Cortes en medio de una fuerte campaña de oposición del PP y de Vox, y que es fruto de una tensa negociación entre ERC y Junts para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. Si no hay imprevistos de última hora, los 178 diputados de la mayoría de la investidura (PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, Podemos y BNG) se impondrán a los 172 que suman PP, Vox, UPN y CC. Una vez aprobada, la ley entrará en vigor tras su publicación en el BOE. A partir de ahí, los jueces dispondrán de dos meses para su aplicación, aunque se espera que algunos presenten cuestiones prejudiciales en Europa. Aquellos magistrados que tienen causas relacionadas con el procés deberán dictar un auto de extinción de responsabilidad penal si la sentencia ya es firme, o bien, de sobreseimiento libre si la causa aún se está instruyendo.

La votación de hoy pone punto y final a un largo periplo político que se remonta a la detención y el exilio de los responsables del referéndum del 1 de octubre. El camino hasta la aprobación de la ley se ha pavimentado con otras medidas de desjudicialización, como los indultos a los condenados por el Supremo por el 1-O en 2021, o la derogación del delito de sedición, en 2022. La amnistía se consolidó como una opción políticamente viable después de las elecciones españolas del 23 de julio. Aunque el PSOE venía negando esta fórmula, los resultados de los comicios situaron el impulso de la norma como un peaje ineludible para evitar una repetición electoral o incluso un Gobierno de PP y Vox. Junts y ERC usaron su peso ante la dificultad para formar mayorías e hicieron de la amnistía una exigencia para investir al socialista. A partir de aquí se abrió un camino tortuoso de negociación y tensiones entre socios sobre el alcance de la norma, que casi descarriló en enero. Los partidos han mostrado diferentes visiones acerca de la ley. ERC y Junts creen que contribuye a acabar con la represión, aunque avisan que no resuelve el conflicto político, mientras que el PSOE dice que cierra las heridas del procés y el PP la ve una moneda de cambio entre Sánchez y el independentismo para que el socialista siga en la Moncloa.En el caso hipotético de que la ley no se aprobara hoy por falta de mayoría absoluta, no sería el fin de la norma. Al tratarse de un veto del Senado, el Congreso dispondría de dos meses para convocar una nueva votación en la que bastaría con una mayoría simple para levantar el veto.

Más de 400 activistas y manifestantes podrían beneficiarse de la norma

Alerta Solidària calcula que 419 activistas y manifestantes independentistas se podrán beneficiar de la ley de amnistía tras su aprobación, y detalla que otras 749 personas afectadas por el procés ya tienen sus causas archivadas o han sido absueltas. Así lo detalló ayer la entidad, que matizó que en este cómputo sólo hay personas de la sociedad civil, y no se contabilizan políticos o miembros de la administración o aquellos que han sido investigados por trabajar bajo directivos de la Generalitat, ayuntamientos o sus responsables. Sí que ha contabilizado a los encausados por la ‘operación Judas’ y también, como excepción, a las diez personas investigadas en la Audiencia Nacional por el caso Tsunami, porque algunos son sólo activistas que nada tienen que ver con la acción de ninguna administración.El recuento ofrecido por la entidad precisa que 571 de los activistas afectados por el procés (el 49% del total) han logrado que las causas se archivaran, mientras que solo 152 (27%) han recibido sentencias absolutorias. Por el contrario, 137 afectados fueron condenados por algún delito, 12 están esperando sentencia, 127 esperan juicio y a 143 se les está investigando en causas penales relacionadas con el independentismo. Son estas personas, un total de 419, las que se beneficiarían de la ley de amnistía si acaba aprobándose y los jueces la aplican tal y como han previsto los autores del texto legal. La entidad, que anunció que activará un equipo técnico de seguimiento de la aplicación de la ley, defendió que quiere hacer una “lectura política sincera, sin forzados discursos triunfalistas, que están en el origen del desengaño de la base popular independentista, y que insisten en maquillar la realidad más dura: con esta ley ni se ha avanzado hacia la independencia, ni se han desactivado las armas del Estado para la represión política”. “Si hay algo seguro es que el Estado, cuando sea necesario, lo volverá a hacer”, sostuvo, antes de añadir que “la cuestión es si nosotros habremos aprendido de los errores y estaremos suficientemente concienciadas y organizadas”.

ERC avisa que la “próxima parada” es el referéndum

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó ayer que la “próxima parada” tras la previsible aprobación de la amnistía es el referéndum de autodeterminación, y dijo que no es una “amenaza” sino que es la hoja de ruta de su grupo.

Comín dice que la ley aparcará la represión

El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, defendió que la aprobación de la amnistía permitirá cerrar “la etapa represiva de forma provisional” para dar paso “al otro gran objetivo, el referéndum”.

Bolaños: “Cada vez hay menos independentistas”

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió que la amnistía es una muestra del “patriotismo inteligente” del Gobierno español, y dijo que “cada vez hay menos independentistas”. Por otra parte, fuentes del PSOE señalan que afrontan el debate definitivo sobre la ley de amnistía convencidos de que es un asunto que ya no les provoca desgaste electoral.

El PP descarta un recurso inminente ante el TC

El PP ha anunciado su voluntad de presentar un recurso de inconstitucionalidad, si bien no prevé hacerlo de forma inminente. Los populares insisten en que intentarán frenar la ley desde el campo “político, jurídico e institucional”.

Visto para sentencia el caso por los gastos del 1-O

El Tribunal de Cuentas dejó ayer visto para sentencia el procedimiento abierto contra el expresident Carles Puigdemont y otros 34 excargos de la Generalitat por su presunta responsabilidad contable en los gastos del referéndum del 1-O y la acción exterior del Govern en el marco del procés. Fiscalía pide a los encausados 3,1 millones de euros, unos 336.000 menos de los inicialmente reclamados, en concepto de responsabilidad contable por estos hechos.