Encausados de ERC y Junts ya han pedido que se les aplique

La entrada en vigor ayer de la ley de amnistía generó a lo largo de la mañana que llegaran a los tribunales un aluvión de peticiones de implicados en causas que solicitan la aplicación urgente de la norma. Las defensas de los encausados de ERC la pidieron en todas las causas que afectan a hasta 37 miembros de la formación. Entre los enjuiciados en las filas de los republicanos están el exvicepresident del Govern Oriol Junqueras, la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el diputado Ruben Wagensberg y los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Serret. También encausados de Junts han solicitado ya que se les aplique la amnistía, como es el caso de del nuevo presidente del Parlament, Josep Rull, lo que borraría sus antecedentes penales, o el secretario general de Junts, Jordi Turull, la ha reclamado para poner fin “inmediatamente” a la inhabilitación de 12 años que le impuso el Supremo por malversación. También el empresario y exdirigent del CDC Víctor Terradellas, uno de los nombres clave en la llamada trama rusa del procés, la solicitó al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona.

Las peticiones se han hecho extensibles a causas relacionadas con protestas en las que más de 400 manifestantes esperan ser amnistiados, como la de Adrián Sas, a la espera de entrar en prisión por golpear a dos mossos.Quien no presentó un escrito para solicitar la amnistía en las primeras horas de su entrada en vigor fue el expresident Carles Puigdemont. Su abogado, Gonzalo Boye afirmó que esperarán a ver cómo “actúan los jueces”. Tampoco el exlíder de la ANC Jordi Sánchez, tienen intención de acogerse a la norma, como no quiso el indulto, y confía en los procesos abiertos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.Tanto ERC como Junts defendieron que la ley es “clara” en su aplicación, pero aseguraron que no son “ingenuos” y tienen previstos “todos los escenarios”. Por su parte, la asociación Irídia remarcó que la amnistía excluye los actos dolosos que supongan perder o inutilizar un órgano o miembro y las torturas o tratos inhumanos, por lo que “no es aplicable”, dice, a los agentes policiales encausados.