La norma beneficiará a 5 políticos y unos sesenta manifestantes leridanos

La norma beneficiará a una sesentena de leridanos. Se trata de 5 políticos –los exalcaldes Bernat Solé y Miquel Serra, la exmiembro de la Mesa del Parlament Ramona Barrufet, la actual consellera de Exteriores en funciones, Meritxell Serret, y el exdiputado Pau Juvillà– y decenas de manifestantes. Los primeros fueron condenados por desobediencia. Los segundos están acusados de desórdenes públicos. Ninguno debería tener problemas para que se le aplique la ley. De los acusados de desórdenes públicos, la mayoría, cuarenta y dos, fueron imputados por su implicación en los disturbios que provocó la publicación de la sentencia del Supremo contra los líderes independentistas en octubre del 2019. También se beneficiarán cinco CDR de la Seu d’Urgell acusados de cortar la carretera N-260 y otros cuatro de Balaguer imputados por un sabotaje. La ley habría beneficiado también a once activistas juzgados por las protestas ante la subdelegación del Gobierno en Lleida cuando fue arrestado Puigdemont en Alemania, pero fueron absueltos por la Audiencia de Lleida en una sentencia que ha sido ratificada por el TSJC. A su vez, 18 leridanos imputados por el corte en la Jonquera de Tsunami Democràtic fueron exculpados por una jueza de Figueres. La ley podría beneficiar a un policía acusado de agredir al manifestante Enric Sirvent en la Mariola el 1-O, aunque la acusación se opondrá. Otros varios agentes han sido exculpados por jueces de Lleida. Los afectados deberían beneficiarse de la amnistía en un plazo máximo de dos meses, pero probablemente los jueces presentarán recursos ante el TC o cuestiones prejudiciales ante la justicia europea y eso podría paralizar las causas un mínimo de un año.