La orden de detención contra Puigdemont se mantiene pese a entrar en vigor la amnistía

La ley de amnistía, aprobada el 30 de mayo por el Congreso y que afecta a los hechos relacionados con el procés comprendidos entre 2011 y 2023 –excluyendo algunos como el terrorismo–, entró ayer en vigor tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por lo que su aplicación, que debería ser en un periodo de dos meses como máximo, queda ahora en manos de los jueces.

Los primeros movimientos no tardaron en llegar. Pocas horas después de la entrada en vigor de la norma, el Tribunal Supremo informó que por el momento mantiene la orden de detención en España que pesa sobre el expresident Carles Puigdemont, a pesar de que la ley determina “el inmediato alzamiento de las medidas cautelares”. Lo hace, al menos, durante cinco días, en los que ha pedido a acusaciones y defensas que se pronuncien sobre si debe aplicarse la amnistía a Puigdemont y los demás políticos en el extranjero, Lluís Puig, Toni Comín y Marta Rovira, sobre los que también mantiene la orden de arresto. El magistrado de la causa del procés, Pablo Llarena, pide prestar atención a si los delitos de desobediencia o malversación que imputa a Puigdemont entrarían en la amnistía o si “pueden considerarse excluidos” de la norma por considerar que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, uno de los preceptos que el legislador también dejó fuera de la ley. Paralelamente, la Sala que juzgó y condenó a la cúpula del procés, y la magistrada que investiga que investiga a Puigdemont y al diputado de ERC Rubén Wagensberg por terrorismo en el “caso Tsunami Democràtic” solicitó informes sobre cómo afecta la ley de amnistía a los respectivos procedimientos. Por el momento, los cuatro fiscales del Supremo que participaron en el juicio del procés mantienen ante el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz –quien tiene la última palabra respecto a la postura del Ministerio Público–, su negativa a amnistiar la malversación que se le atribuye a Puigdemont y el resto de procesados o condenados.El primero en mover ficha y consultar cómo proceder con la amnistía fue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que tiene cinco causas relacionadas con el procés, y que también preguntó sobre las condenas a los expresidents Artur Mas –por el 9N– y Quim Torra –por negarse a retirar un lazo amarillo del Palau de la Generalitat–. El tribunal emplazó a las partes a posicionarse en un plazo de diez días sobre la revisión de la condenas firmes impuestas por desobediencia a los dos expresidents y también al exconseller y exalcalde de Agramunt, Bernat Solé, y al exdiputado de la CUP por Lleida, Pau Juvillà. Todas están liquidadas, pero la amnistía puede tener efectos en la cancelación de sus antecedentes penales. Los jueces del Superior de Justicia también recabarán informes sobre si deben amnistiar a los cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga, pendientes de juicio por malversación por los preparativos del 1-O. Los tres pidieron a primera hora de la mañana que se les aplique amnistía.

El Tribunal de Cuentas abre la puerta a llevar la ley a la justicia europea

El Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Fiscalía, a Societat Civil Catalana y a las defensas de los 35 encausados por el presunto desvío de fondos para el 1-O y la acción exterior del procés que informen en un plazo de 10 días sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras su entrada en vigor. La consejera a cargo de este procedimiento contable, que ha suspendido el plazo para dictar sentencia, cuestiona si cinco preceptos de la ley “podrían oponerse a la interpretación” que viene realizando el TJUE del derecho comunitario, en relación, por ejemplo, a la “lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE”, entre otros. El “principio de cooperación leal”, los “principios de igualdad y de no discriminación”, los de “seguridad jurídica y confianza legítima” y “el principio del Estado de Derecho” son también algunos preceptos que la consejera abre la puerta a consultar al TJUE y que podrían dilatar la entrada en vigor de la normativa.En su providencia, el Tribunal de Cuentas pone el foco en el artículo 1 de la ley de amnistía, que determina el ámbito objetivo de la ley y los hechos que quedarían perdonados, y también en el apartado que deja fuera del perdón “los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea”.Este procedimiento afecta a más de una treintena de ex altos cargos catalanes, incluidos los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas, por su presunta responsabilidad contable en el desvío de fondos públicos para el procés.

García Castellón pregunta sobre Tsunami, pero no sobre los CDR

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitó ayer a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa en la que investiga por terrorismo a la plataforma ‘Tsunami Democràtic’ que informen en un plazo máximo de 10 días sobre la posibilidad de aplicar la ley de amnistía. El juez señala que de acuerdo con lo establecido por la ley, los jueces deben determinar si la norma se aplica o no a los casos concretos, y pueden hacerlo de oficio o a instancia de una parte o de la Fiscalía, pero siempre después de escuchar los argumentos del Ministerio Fiscal y demás partes. En esta causa están investigados, entre otros, la dirigente de ERC Marta Rovira o Josep Lluís Alay. La causa empezó a instruirse en el 2019, pero no fue hasta noviembre del 2023 que el juez decidió investigar los hechos como terrorismo, supuestamente para esquivar los efectos de la ley de amnistía que entonces se estaba negociando. El juez no ha pedido opinión sobre los 13 CDR investigados también por terrorismo.