El fiscal general activa la Junta de Fiscales para evitar lecturas “díscolas” de la amnistía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, solicitó ayer a los fiscales de sala –una treintena de miembros de la cúpula fiscal en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o el Constitucional, entre otros– que se reserven el próximo martes para la posible celebración de una junta para tratar la aplicación de la ley de amnistía tras su entrada en vigor. Este encuentro, que todavía no está formalmente convocado, se hará si finalmente los cuatro fiscales del juicio del procés confirman su oposición a aplicar la ley.

El aviso de García Ortiz llega después de que los cuatro fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del procés le remitieran el miércoles un escrito en el que insisten en que la malversación no es amnistiable, y donde apuntan que se apartarán de la causa si el fiscal general les impone defender el criterio contrario. Concretamente, consideran que líderes del procés como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Jordi Turull no pueden ser amnistiados por haber sido condenados por malversación, al entender que en el 1-O hubo enriquecimiento personal y que se actuó contra los intereses financieros de la UE. El papel de García Ortiz aquí es clave, ya que como jefe del Ministerio Público tiene la última palabra respecto a la posición de los fiscales. Entretanto, la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Jesús Montero, señaló que los jueces y fiscales jueces y fiscales tienen que aplicar la amnistía “en los justos términos” en los que esta norma salió del Congreso, y subrayó que “no caben muchas interpretaciones” del texto porque la voluntad de la Cámara “es clara”.De su lado, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, defendió que “no le extraña nada” la postura de los fiscales del juicio del procés, a quienes acusó de “defender los postulados de la derecha y de la extrema derecha”. “No aceptan una ley aprobada en el Congreso. Esto es no aceptar la democracia, las reglas del juego, y hacen un chantaje claro”, dijo, antes de insistir en que ningún condenado por esta causa se enriqueció, por lo que defendió que no existe delito de malversación. Mientras, PP y Vox reiteraron sus críticas a la amnistía y, mientras los populares auguraron que la ley no se acabará aplicando porque es, dicen, “inconstitucional”, los de Santiago Abascal confiaron en que los jueces “impidan” su despliegue al considerarla “contraria al ordenamiento jurídico”.

El TSJC deliberará sobre el caso de Buch el día 25

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya deliberará el 25 de junio sobre si se debe amnistiar al exconseller de Interior Miquel Buch, condenado por malversación y prevaricación por fichar como asesor a un sargento de los Mossos d’Esquadra para que escoltara al expresident Carles Puigdemont en el exterior. Además, ha dado 5 días a las partes de otros ocho casos para que digan si creen que pueden ser amnistiados.

El juzgado pregunta por la causa de los policías

El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha dado 5 días a Fiscalía, acusaciones y defensas para que valoren si se debe aplicar la amnistía a los policías nacionales encausados por las cargas del 1-O.

Solicitudes para devolver multas por la ley mordaza

El departamento de Interior ha habilitado el formulario web para pedir el retorno, en aplicación de la amnistía, de las multas impuestas a través de la ley mordaza y vinculadas al procés, como las relativas a las concentraciones no comunicadas o los desórdenes públicos.